En el bienio del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, de 2016 a 2018, el subdirector del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías fue Jorge Armando Lince de la Peña, identificado con el grupo del ex funcionario y fedatario yunista Leopoldo Domínguez Armengual.

Durante el encargo, Lince de la Peña, titular de la Notaría Pública número 26 con sede en Banderilla, promovió como su notario adscrito a Jorge Alberto Priego Chong, quien antes del 1º de diciembre de 2016 –fecha en la que constitucionalmente iniciaba la administración de Yunes Linares– intervino en la requisa del rancho “El Faunito”, ubicado en el municipio de Fortín de las Flores, a donde se había ido a residir el entonces gobernador priista Javier Duarte deprimido tras el fracaso del senador Héctor Yunes Landa como candidato del PRI a la gubernatura, el cual había perdido las elecciones con su primo hermano, acérrimo enemigo político de Duarte de Ochoa, quien finalmente terminó preso desde 2017 en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México y donde la FGR le ha imputado otro nuevo delito que lo mantendría recluido 14 años más.  

Ahora, sorpresivamente, Priego Chong es Subdirector de Inspección y Archivo General de Notarías, y su jefe es Jesús Alberto Islas Aguilera, hijo del abogado Alberto Islas Reyes, quien a finales de noviembre de 2024 suplió en la presidencia municipal de Xalapa a Ricardo Ahued, cuando el ex diputado y ex senador solicitó licencia al Congreso local para separarse de la alcaldía para asumir la titularidad de la Secretaría de Gobierno por invitación de la gobernadora Rocío Nahle.

El 21 de mayo de 2019, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, el poderoso secretario de Gobierno del flamante gobernador Cuitláhuac García, ratificó a Jorge Alberto Priego en la Notaría Pública número 26 de Banderilla, cuyo titular seguía siendo Lince de la Peña.

En el entorno de la gobernadora Nahle sospechan que por sus vínculos con Cisneros Burgos –quien disputó la candidatura de Morena a Nahle, su ex jefa política– y el grupo de notarios ligados al ex gobernador panista Yunes Linares, muy posiblemente fue quien habría proporcionado en la campaña electoral de 2024 los datos notariales de los inmuebles de la ex secretaria de Energía que difundió la alianza PRI-PAN-PRD para exhibirla y restarle apoyo del electorado veracruzano. 

Hace tres semanas, a finales de enero, el ex presidente del Colegio de Abogados de México, Jorge Reyes Peralta, némesis de Yunes Linares, denunció la existencia de una presunta red de corrupción inmobiliaria integrada por ex funcionarios y funcionarios en activo del Registro Público, del Poder Judicial y notarios públicos, a la que se refirió como un “cártel inmobiliario” que operaba impunemente en el estado de Veracruz.

De acuerdo con sus declaraciones, esta red estaría involucrada en irregularidades relacionadas con la inscripción, validación y judicialización de operaciones inmobiliarias, lo que presuntamente habría permitido el despojo de bienes y la legalización de actos fraudulentos en perjuicio de particulares. Y entre ellos señaló a Débora Estrada Pacheco, quien es la encargada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Xalapa, a la que le imputan el inicio del presunto ingreso de los contratos falsos, sin la legítima autorización oficial.

Yolanda Aidé Tovar Vadillo, quien el sexenio pasado le antecedió en el Registro Público de la Propiedad en la capital veracruzana, también estaría ligada a ese grupo de ex funcionarios ex prianistas, pues está casada con Ángel Luis Octavio Espinoza Rivera, sobrino de Guillermo Rivera, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), el cual falleció en un sospechoso accidente automovilístico en España pocos meses después de concluida la administración del ex gobernador Patricio Chirinos Calero (1992-1998).

Tovar Badillo fue encargada también del Registro Público de la Propiedad en Acayucan y San Andrés Tuxtla, en las que su marido presuntamente cobraba por fuera.

Actualmente, ante el escándalo detonado por los llamados “cárteles inmobiliarios”, se ha dado una rotación de funcionarios. A los de mayor antigüedad los han puesto a disposición de la Secretaría General de Gobierno, tres en la Dirección del Registro Civil y dos en el Instituto de la Defensoría Pública.

Pero persisten los llamados empleados “meritorios”, que no cobran en la nómina oficial sino que sus ingresos dependen de las dádivas que reciben de los fedatarios por los trámites notariales que realizan. El yunista Jorge Armando Lince de la Peña, quien aspira a presidir el Colegio de Notarios, es de los privilegiados, pues dicen que no le cobran nada en la oficina del Registro Público de Xalapa.

¿Ignoraba todo esto Ahued? Pues al menos al secretario de Gobierno le llevó más de un año enterarse de esta situación que sus subalternos, entre ellos Jorge Alberto Priego Chong, le debieron haber advertido desde el inicio de la actual administración y no hasta que reventó el escándalo de los carteles inmobiliarios.

 Y es que, entrevistado al término de la guardia de honor que montó en el Parque Juárez el pasado jueves 5 de febrero, el secretario de Gobierno confirmó que en el Registro Público de la Propiedad laboran al menos 180 trabajadoras y trabajadores en calidad de “meritorios”, es decir, sin recibir un salario por parte del Estado, situación que –reconoció– ha propiciado prácticas irregulares.

“Los ‘meritorios’ son más de 180 personas que trabajan desde hace muchos años haciendo labores para agilizar los trámites”, y dijo que “estamos evaluando el costo para que tengamos, en su caso, prestaciones y personal que controlemos”, expresó.

Ahued se refirió a la denuncia pública que hizo días antes el abogado porteño Reyes Peralta, en la que se señalaba que los meritorios cobran “moches” a notarios y abogados para agilizar trámites, lo que facilitaría la operación de una red integrada por litigantes, notarios y jueces que presuntamente despoja a ciudadanos de sus legítimas propiedades.

Ahued argumentó que el personal oficial del Registro Público es insuficiente para atender la demanda ciudadana, lo que ha derivado en el uso de personal de apoyo que no recibe salario y subsiste mediante propinas. Sin embargo, informó que “el Registro Público genera más de 300 millones de pesos al año”.

¿En dónde quedó la inteligencia empresarial de don Ricardo, el dueño de la exitosa cadena de tiendas “Casa Ahued”?