“La mayor parte de los fracasos nos viene por querer adelantar la hora de los éxitos”. – Amado Nervo. 

La Jornada Nacional de Reforestación presentada este domingo por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene, de entrada, un mérito indiscutible: colocar la recuperación de los bosques en la agenda nacional y convertirla en una responsabilidad que involucre simultáneamente a Federación, estados, municipios y sociedad.

La meta anunciada tampoco es menor. El ejercicio nacional contempla la plantación de 6.6 millones de árboles y plantas, además de un millón de semillas, en más de 32 mil hectáreas del país. Sheinbaum encabezó el arranque desde el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, precisamente una región montañosa cuya conservación está directamente relacionada con la captación de agua y los servicios ambientales.

En Veracruz, sin embargo, vale la pena hacer una pregunta incómoda: ¿estamos reforestando donde realmente duele?

La gobernadora Rocío Nahle García encabezó la jornada estatal desde Acayucan. Según la información difundida, la estrategia veracruzana abarcará mil 736 hectáreas en 31 municipios, con la participación de más de 25 mil personas. En Acayucan se reportó la plantación de 370 mil ejemplares de diez especies nativas.

Nada hay que objetar a que se restaure la cobertura vegetal del sur de Veracruz. Las selvas también son fundamentales y durante décadas han sufrido una enorme presión.

La interrogante es otra.

¿Por qué el acto político central no se realizó en el Pico de Orizaba, el Cofre de Perote o alguna de las regiones montañosas donde la pérdida de masa forestal representa además una amenaza directa para la disponibilidad futura de agua?

No es únicamente una cuestión de paisaje.

Los bosques de montaña son infraestructura natural. Capturan humedad, favorecen la infiltración, alimentan manantiales, protegen suelos, regulan escurrimientos y forman parte de las cuencas que abastecen a ciudades y comunidades.

El propio Gobierno de Veracruz reconoció en 2024 la importancia estratégica del Pico de Orizaba al anunciar un proyecto para proteger mil 800 hectáreas, señalando expresamente que esa superficie resulta fundamental para la generación de recursos hídricos. En esa misma estrategia se mencionaban inversiones previas por 37.7 millones de pesos para el Cofre de Perote.

Es decir: el diagnóstico existe.

Y precisamente por ello una jornada de reforestación no debería convertirse únicamente en la fotografía anual de funcionarios con pala en mano.

El problema forestal mexicano comienza mucho antes de plantar un árbol.

Comienza con las autorizaciones, continúa con la vigilancia y termina —cuando las instituciones fallan— en los patios de los aserraderos clandestinos.

Aquí las responsabilidades deben llamarse por su nombre.

La SEMARNAT es la autoridad encargada de autorizar el aprovechamiento de recursos forestales maderables en terrenos forestales, bajo los requisitos establecidos en la legislación y los programas de manejo correspondientes.

La CONAFOR, por su parte, tiene responsabilidades en materia de desarrollo forestal sustentable, restauración, manejo, conservación y programas de apoyo.

Y la PROFEPA es fundamental para inspeccionar, clausurar y sancionar cuando esos recursos son explotados ilegalmente.

El problema es que Veracruz tiene suficientes antecedentes para demostrar que algo no está funcionando.

En marzo de 2025, la propia PROFEPA clausuró un predio de 49 hectáreas dentro de la zona crítica forestal del Cofre de Perote, después de detectar aprovechamiento sin autorización de SEMARNAT. Ahí contabilizó 198 tocones de pino, 34 de encino y 15 de aile, equivalentes a casi 293 metros cúbicos de madera extraída. El caso ameritó incluso el anuncio de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.

El Pico de Orizaba tampoco descubre hoy la tala ilegal.

Desde hace años existen operativos federales, aseguramientos de madera, vehículos, motosierras y acciones contra traficantes forestales. La PROFEPA incluso ha identificado históricamente al Parque Nacional Pico de Orizaba como una zona crítica sometida a presión por la tala clandestina.

Entonces debemos hacernos otra pregunta:

¿de qué sirve plantar millones de árboles si no somos capaces de garantizar que llegarán a adultos?

El éxito de una política forestal no se mide por el número de plantas que aparecen en una fotografía el día de la jornada.

Se mide uno, tres, cinco y diez años después.

¿Cuántas sobrevivieron?, ¿Cuántas hectáreas recuperaron realmente su cobertura?, ¿Cuántos permisos de aprovechamiento fueron auditados?, ¿Cuántos cambios ilegales de uso de suelo fueron frenados?, ¿Cuántos aserraderos clandestinos fueron clausurados?, ¿Cuántas rutas de transporte de madera fueron revisadas?

Y existe todavía un problema mucho más delicado: el control territorial.

En distintas regiones forestales del país se ha documentado cómo la explotación ilegal de recursos naturales puede mezclarse con violencia, amenazas, despojo y presencia de estructuras criminales. Por eso sería irresponsable afirmar sin investigaciones específicas que cada tala clandestina en Veracruz pertenece al crimen organizado; pero igualmente irresponsable sería ignorar que la protección forestal requiere ya algo más que inspectores ambientales.

Necesita seguridad pública, inteligencia financiera, fiscalías, Guardia Nacional, autoridades agrarias y protección efectiva para comunidades y denunciantes.

Porque donde existe una economía clandestina de la madera capaz de mover camiones, maquinaria, aserraderos y grandes volúmenes durante años, difícilmente estamos hablando solamente de un campesino cortando un árbol para hacer una cerca.

Ahí puede existir una cadena económica.

Y esa cadena debe investigarse.

También habrá que revisar con lupa los propios permisos legales.

No todo árbol derribado constituye tala clandestina. La legislación permite aprovechamientos forestales maderables y no maderables sujetos a autorizaciones y programas de manejo. Precisamente por eso la autoridad debe transparentar dónde, cuánto, qué especies y durante cuánto tiempo se permite cortar. La SEMARNAT establece procedimientos específicos para esos aprovechamientos.

La mejor defensa contra la sospecha es la transparencia.

Sería saludable que después de esta Jornada Nacional de Reforestación Veracruz publicara un verdadero mapa estatal de recuperación forestal: hectáreas perdidas, zonas críticas, permisos vigentes, superficie restaurada, supervivencia de plantas, denuncias presentadas y aseguramientos realizados.

Entonces sí podríamos medir resultados.

Acayucan merece árboles. Los Tuxtlas los necesitan. La Huasteca también. Pero Veracruz debe mirar especialmente hacia arriba, hacia sus montañas. Al Cofre de Perote. Al Pico de Orizaba.

A las sierras donde nacen los arroyos, los manantiales y buena parte del agua que después exigimos abrir de una llave en nuestras casas.

La Jornada Nacional propuesta por Claudia Sheinbaum puede convertirse en una política histórica si logra trascender el ceremonial político.

Pero para recuperar los bosques no basta sembrar.

Hay que vigilar.

Hay que sancionar.

Hay que proteger a las comunidades.

Hay que investigar el mercado ilegal de la madera.

Y, sobre todo, hay que recuperar para el Estado aquellos territorios donde cualquier poder económico o criminal pretenda imponer una ley distinta a la constitucional.

Porque un árbol tarda décadas en convertirse en bosque.

Una motosierra puede acabar con él en minutos.

Y ahí, justamente ahí, comienza la verdadera reforestación.

Al tiempo. 

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