El fuero o inmunidad procesal impide la destitución o encarcelamiento inmediato de representantes populares mediante acusaciones falsas o fabricadas. Lamentablemente, esto podría estar sucediendo en Veracruz, donde esta garantía constitucional se ha convertido en un mero trámite.

El miércoles pasado, Morena y sus aliados en el Congreso local votaron a favor de retirar el fuero a los alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste, ambos de Movimiento Ciudadano, para que enfrenten procesos penales por investigaciones iniciadas por la Fiscalía General del Estado.

El juicio de procedencia promovido en contra de ambos funcionarios constituye una prueba de fuego para la justicia en Veracruz. Un estado verdaderamente democrático no debe, bajo ninguna circunstancia, encubrir ni fabricar culpables, ya que sólo se violenta la justicia y se lastima a las víctimas.

El propósito de los diputados no debe ser, en ningún asunto, determinar la responsabilidad penal ni fabricar inocentes mediante una defensa oficiosa. Cualquier conducta delictiva debe ser sancionada por la justicia, sin prejuicios ni consignas.

Sin embargo, conforme al principio de presunción de inocencia, toda imputación debe sustentarse en datos de prueba que establezcan razonablemente la existencia de un delito y la probable intervención del imputado.

En un sistema penal adversarial, la Fiscalía no puede construir una imputación sobre conjeturas, inferencias aisladas o interpretaciones subjetivas de los hechos. De acuerdo al contenido del dictamen aprobado por Morena y sus aliados, este parece ser el caso.

Precisamente por esa razón, el Congreso debió ejercer un análisis particularmente cuidadoso, evitando que este procedimiento constitucional se convierta en un mecanismo de validación automática de las determinaciones ministeriales. No lo hizo.

En el primer caso, llama la atención la ausencia de un móvil claramente identificado.

La inexistencia de una explicación objetiva sobre el motivo del supuesto delito debilita la consistencia de la imputación y obliga a exigir un mayor rigor probatorio en los restantes elementos de convicción.

En el caso de Ixhuatlán del Sureste, no sabemos qué es más débil: si los elementos de prueba que aportó la Fiscalía en su solicitud de procedencia o el contenido del dictamen elaborado por la Comisión Dictaminadora, ya que no observa una diferencia fundamental entre indicios y prueba plena.

La celeridad en ambos asuntos contrasta con otros asuntos de alto impacto social que permanecen sin resolución. La experiencia reciente en Veracruz obliga a actuar con prudencia, ante lo que ha sido una persecución constante.

Casos como los de José Manuel Del Río Virgen, Rogelio Franco, Pasiano Rueda, Tito Delfín, Viridiana Bretón y la jueza Angélica Sánchez, entre otros, han generado un amplio debate público sobre el uso de procesos penales contra actores políticos. Hoy la totalidad de ellos se encuentra en libertad.

La legitimidad de un juicio de procedencia no depende únicamente de la gravedad de las acusaciones, sino de la fortaleza jurídica de las pruebas que las sustentan.

En Veracruz, la justicia se ejerce exactamente al revés.

La puntita 

El cobro de piso laboral se ha convertido en una práctica recurrente en los legisladores y funcionarios de Morena. No importa cuánto hayan lucrado en el pasado.  No los pierdan de vista. Seguramente les irán a pedir su voto muy pronto…

*Presidente de Alianza Generacional por Veracruz