“Podemos ignorar la realidad, pero no podemos ignorar las consecuencias de ignorar la realidad”. – Ayn Rand. 

Algo se mueve nuevamente alrededor de José Francisco Yunes Zorrilla. Reuniones, encuentros, cafés, conversaciones con actores políticos y periodistas vuelven a colocar al excandidato a gobernador en el escenario veracruzano. Sus simpatizantes parecen encontrar en cada aparición la señal de que “Pepe” está de regreso y que podría intentar, por tercera ocasión, alcanzar la gubernatura.

Pero antes de construir una tercera candidatura quizá convendría revisar las dos anteriores.

Porque en política la memoria importa.

En 2018, Yunes Zorrilla compitió por el PRI-PVEM y terminó en tercer lugar. Los cómputos distritales registraron 528 mil 663 votos para su candidatura, frente a un millón 667 mil 239 obtenidos por Cuitláhuac García Jiménez y un millón 453 mil 938 de Miguel Ángel Yunes Márquez. Es decir, obtuvo alrededor del 14 por ciento de la votación.

Seis años después volvió a intentarlo.

En 2024 encabezó la coalición PAN-PRI-PRD. Esta vez incrementó considerablemente su votación hasta un millón 145 mil 821 sufragios, pero Rocío Nahle García alcanzó 2 millones 124 mil 130. Los números muestran que Pepe Yunes amplió su base respecto de 2018, pero nuevamente no consiguió construir una mayoría electoral suficiente para gobernar Veracruz.

Ese antecedente debería formar parte de cualquier discusión seria sobre un eventual tercer intento.

Porque nadie parece cuestionar las cualidades personales y profesionales del político de Perote. Incluso entre adversarios es frecuente encontrar reconocimiento a sus formas, preparación y experiencia. Ha sido senador, diputado federal y funcionario público. El PRI lo presentó en 2023 como su opción para encabezar la coalición opositora rumbo a 2024.

Pero una cosa es ser un político experimentado y otra muy distinta convertirse en candidato capaz de construir una mayoría social.

Ahí parece encontrarse el dilema de Pepe Yunes.

El problema de la oposición veracruzana no necesariamente está solamente en el candidato. También está en el método. Si alrededor de una eventual tercera candidatura aparecen nuevamente los mismos interlocutores, operadores y círculos políticos y mediáticos de anteriores procesos, resulta legítimo preguntar qué cambiaría esta vez.

Los cafés no sustituyen territorio. Las reuniones con simpatizantes no equivalen necesariamente a penetración social. Y criticar al gobierno tampoco constituye, por sí mismo, un proyecto alternativo.

Una oposición competitiva necesita explicar qué considera equivocado, pero sobre todo qué haría diferente, cómo lo financiaría, con quién lo ejecutaría y qué resultados concretos ofrecería.

Ese parece ser el debate de fondo que debería acompañar cualquier eventual regreso de Pepe Yunes.

El periodista Rodrigo Crosa planteó recientemente una lectura semejante al revisar cifras y antecedentes electorales del peroteño. Más allá de coincidir o disentir con su interpretación, hay algo incontrovertible: las urnas ofrecen información que ningún café político puede sustituir.

Y los números de Yunes cuentan dos historias diferentes: en 2018 sufrió una derrota particularmente amplia y terminó tercero; en 2024 logró más que duplicar su número de votos, pero volvió a perder la gubernatura.

Por eso, reducir ambas elecciones simplemente a que “Pepe perdió” impediría entender qué cambió entre una y otra. Pero ignorar que perdió las dos sería igualmente equivocado.

Si verdaderamente existe la intención de construir una tercera candidatura, el punto de partida tendría que ser precisamente ese diagnóstico.

José Francisco Yunes puede poseer experiencia, preparación académica, conocimiento del Estado y oficio político. Lo que sus dos campañas anteriores no consiguieron demostrar es que esas cualidades sean suficientes para convertirlo en gobernador.

Quizá ahí está la paradoja: hay políticos extraordinariamente útiles para negociar, legislar, construir acuerdos o diseñar políticas públicas que no necesariamente consiguen generar una conexión electoral mayoritaria.

La pregunta para Pepe Yunes, entonces, no debería ser si quiere volver a competir.

Debería ser mucho más incómoda:

¿Qué haría diferente una tercera vez que no hizo en las dos anteriores?

Porque si la respuesta vuelve a ser los mismos cafés, los mismos personajes, los mismos operadores, los mismos discursos y la misma estrategia de esperar que el desgaste del gobierno haga el trabajo de la oposición, entonces el problema quizá no sea Veracruz.

Será no haber aprendido de Veracruz.

Y la política suele cobrar muy caro a quienes confunden perseverancia con repetir exactamente la misma fórmula esperando obtener un resultado diferente.

Sextante

Y aguas con lo que se cocina alrededor del relevo en el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz.

En algunos círculos parece existir la idea de que colocando a Eric Domínguez Vázquez al frente del ORFIS se podría construir una especie de dique político frente a futuras revisiones de las cuentas públicas. Por ahora, conviene precisar los hechos: Domínguez no es todavía titular del organismo; forma parte de la terna aprobada por la Comisión Permanente de Vigilancia junto con María de Jesús Mantilla Solana y Adán Escobedo Morales, y será el Pleno del Congreso quien determine quién ocupará el cargo durante los próximos siete años.

Pero si alguien pretende venderle a la gobernadora Rocío Nahle García la idea de que controlar políticamente el ORFIS significaría poner a salvo al gobierno estatal de eventuales observaciones federales, estaría vendiéndole espejitos.

Una cosa es el ORFIS y otra, muy distinta, la Auditoría Superior de la Federación.

La ASF fiscaliza los recursos públicos federales y presenta a la Cámara de Diputados los resultados de sus revisiones de la Cuenta Pública; incluso existen mecanismos para revisar presuntas irregularidades relacionadas con recursos federales. Por eso, pensar que desde el organismo fiscalizador veracruzano podría neutralizarse una revisión federal sería confundir ámbitos, atribuciones y dimensiones institucionales.

Para ponerlo en términos marineros: frente al aparato federal de fiscalización, el ORFIS sería una fragata navegando las aguas turbulentas de Veracruz, mientras la ASF se asemejaría a un portaaviones acompañado de su flotilla de destructores y acorazados. Si los recursos involucrados son federales, cambiar al capitán de la fragata no detiene al portaaviones.

Y en medio de todo esto aparece también el nombre de José Manuel del Río Virgen. Movimiento Ciudadano salió públicamente a negar que esté operando la sucesión del ORFIS después de que el tema fuera planteado ante la propia gobernadora. Esa negativa no demuestra por sí misma qué ocurre detrás de las negociaciones, pero obliga a diferenciar los hechos comprobados de las versiones políticas.

Más delicado todavía es otro antecedente: durante el proceso para renovar el ORFIS han resurgido públicamente cuestionamientos sobre observaciones relacionadas con la gestión de Eric Domínguez cuando fue alcalde de Papantla. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso sostuvo que una observación no constituye por sí misma un impedimento para participar y que debe atenderse su naturaleza y situación jurídica.

Precisamente por eso la gobernadora debería observar con enorme cuidado qué intereses, consejos y recomendaciones se mueven alrededor de esta designación.

Rocío Nahle necesita instituciones de fiscalización sólidas, técnicamente capaces y con independencia suficiente para que mañana nadie pueda acusar que se colocaron funcionarios para administrar observaciones, proteger cuentas o resolver problemas políticos.

Porque a veces el mayor peligro para un gobernante no se encuentra enfrente.

Está entre quienes se acercan demasiado al oído para convencerle de que tienen bajo control aquello que, institucionalmente, simplemente no controlan.

Y de esos personajes —los que prometen blindajes imposibles y enemigos imaginarios para justificar posiciones— cualquier gobernante debería cuidarse.

Aguas: un mal nombramiento puede terminar costando mucho más políticamente que cualquier observación administrativa.

Al tiempo. 

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