Sorprende, sobre manera, la ligereza con que el Consejo de la Judicatura Federal actuó en el caso del juez de distrito Anuar González, con en el expediente mediático que se ha integrado sobre los mal llamados Porkys del puerto de Veracruz, acusados todos ellos de la violación tumultuaria de una menor de edad, denuncia que, por cierto, se presenta por su padre cuatro meses después de los acontecimientos.

Por principio, podría aplaudirse la medida que se tomó contra el juez de suspenderlo de su responsabilidad; sólo que deja un mal sabor de boca y encoleriza, por una parte, cuando debió de esperarse a que el asunto fuera revisado primeramente por la instancia correspondiente, y no que a raja tabla se dicta una medida draconiana que evidencia insensibilidad jurídica por ese organismo que tiene el encargo de velar por la autonomía de los órganos del Poder Judicial federal, así como por su independencia e imparcialidad. En síntesis, se menoscaba a los jueces los principios que de suyo son inalienables –independencia y autonomía– para dictar sus resoluciones, y se les expone al ludibrio y desconfianza de la sociedad, sin prueba o medio de prueba alguna que indiciariamente presuma responsabilidad.

El juez, magistrado o ministro de la corte es responsable de sus actos y queda sujeto al juicio de procedencia que la Constitución política del país prevé; nada autoriza que, por meros rumores o críticas de quien pierde un juicio, quien haya dictado la resolución quede sujeto a la burla y, en todo caso, después del análisis ponderado y razonable del asunto, se dicten las medidas para capacitar a quienes sirvan a los tribunales, de otra suerte, se da pábulo para pensar y sospechar que la justicia federal está al mejor postor, lo que es inadmisible, pues en ese orden ningún juez o autoridad tomará una resolución definitiva al pender sobre él la horca, la anatema, la amenaza.

Es oportuno traer a colación –para los desmemoriados– que durante el nefasto gobierno de Calderón Hinojosa los jueces y colegiados ampararon al Sindicato Mexicano de Electricistas, y sin embargo se pidió que el asunto lo atrajera la Suprema Corte de Justicia y ésta decidió, en definitiva, que procedía la liquidación pese a existir la materia del trabajo y 40 mil trabajadores se fueron a la calle y no hubo juicio político contra nadie; o bien, en el caso de los amparos concedidos a los clientes de Diego Fernández de Ceballos para que el departamento del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, le pagara una millonada por indemnización de tierras; sin embargo, el jefe de ese departamento, un soñador que se apellida López Obrador, se negó a acatarlos y la corte determinó que el costo pericial era excesivo y, obviamente, el panista enardecido lo acusó de que atacaba las instituciones, pero se salvó la Ciudad de México y el desafuero quedó en la historia.

Sin embargo, en el caso que se analiza, más temprano que tarde se dará la razón al juez hoy vilipendiado y que el Consejo de la Judicatura contribuyó a su linchamiento cuando, si se revisa la sentencia que está en el portal de la corte, la resolución es impecable por la serie de contradicciones que se observan a simple vista, pues se apoya para resolver en lo que la corte de este país ha sostenido en sus criterios que, vale decirlo, están debidamente observados, más aún que el fiscal y el abogado de la víctima, en su momento, probaron su ignorancia jurídica para lograr su propósito, además, pues la complejidad del tema es de pronósticos reservados, más aún cuando ya un juez en España resolvió que no hay violación si la víctima contribuye a ello.

Al juez ordinario le temblaron las piernas para resolver la vinculación a proceso, pues los datos de pruebas, medios de pruebas y las pruebas no eran suficientes aunque se especule otra cosa; sin embargo, el daño ya está consumado: un juez entredicho y una sociedad que cada día creerá cada vez menos en la justicia, más en lo penal, cuando el sistema garantista ahora es más contundente, pues los derechos humanos, presunción de inocencia, debido proceso, defensa efectiva, in dubio pro reo, etcétera, es salvaguarda e impedirá que las cárceles dejen de llenarse de inocentes ?

*Diplomado en amparo

y derechos humanos

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