Columna Política Express



Auditoría Superior de la Federación va por ex funcionarios de la SEGOB con Yunes


Juan José Niño Tejedor /
Redacción
2019-01-21  
13:21

En anteriores ocasiones se había comentado de los oscuros manejos realizados en al Dirección de Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos, que dirigió Juan José Niño Tejedor, en los tiempos de Miguel Ángel Yunes Linares


En ese tiempo, Niño Tejedor realizó un dictamen técnico para realizar una contratación por poco más de 7 millones de pesos por la vía de la Adjudicación Directa. Dicho contrato fue otorgado a una empresa privada para que realizara acciones para prevenir el delito en Veracruz, y dicha empresa estaba ligada con María de los Ángeles Fromow, quien era Secretaria Técnica de la SETEC, y quien fuera jefa de Niño Tejedor antes de que éste llegara a la Dirección de Consolidación.


Este tema incluso fue cuestionado a Rogelio Franco Castán en su última comparecencia pero éste negó que el Gobierno del Estado haya tenido que ver con la contratación, pues al ser recursos federales aseguró que era la Federación la que determinaba a quien contratar. Lo que se le olvidó a Franco Castán fue que el dictamen técnico fue elaborado en Veracruz y que, de acuerdo a los lineamientos del programa, era el Estado el encargado del seguimiento del contrato.


El tiempo pasó y en México se dieron cuenta del tremendo golazo que les habían metido, pues más allá del tráfico de influencias, resulta que no se realizaron adecuadamente los trabajos, no era necesaria la adjudicación directa, pero eso sí, se pagó todo a pie de juntillas.


Todo esto ya era conocido, pero lo nuevo es que a los actuales funcionarios a cargo de Eric Cisneros Burgos los citaron en días pasados en la Federación para que explicaran el destino de esos millones. El plazo, se les indicó, ha vencido y no hay mayor explicación. 


Y como el pecho de los de Morena no es bodega, pues no encubrirán a nadie. Por tanto, de acuerdo a nuestras fuentes del Altiplano, el tema ha pasado a la Auditoría Superior de la Federación en donde no sólo exigen resarcir los poco más de 7 millones de pesos, sino que con los intereses generados suman casi 8 millones y, obviamente, se preparan las responsabilidades administrativas y penales a las que haya lugar.


¡Ay niño! No tejiste bien el tamal y ya se desamarró.

 
 
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