El problema es que -como no ha sido raro- esos presuntos daños patrimoniales no fueron sancionados. Lorenzo Portilla, apuntan en la columna, a cambio de retribuciones “decide con su Director Jurídico, convertir sin soporte legal las observaciones de daño patrimonial a observaciones administrativas mediante la resolución del ORFIS de fecha 22 de mayo de 2017”.
Así, de buenas a primeras, presuntos daños patrimoniales han desfilado por los expedientes del ORFIS sin pena ni gloria, y muchos de ellos han sido presentados como triunfos de la ley para terminar después arrumbados en el cajón de los recuerdos.
Lo último exhibido por Portilla fue la denuncia contra exfuncionarios de la administración Yunista, a quienes señaló de desvíos multimillonarios.
Sin embargo, al día de hoy, la credibilidad de Portilla Vázquez está tan menguada que cualquier arreglo en lo oscuro podría actualizarse cuando menos en el imaginario colectivo.
¿Así, con todo lo que se le ha mencionado y cuestionado, pretende reelegirse? | 
