Quien no quiera o pueda ver la dimensión y el significado de lo que ayer aprobó el Congreso veracruzano no comprende lo que es quitarse de tajo las cadenas de la resignación política ante gobernantes que pierden la confianza por mentirosos, incumplidos, deshonestos e ineptos.
Que los diputados locales aprobaran las consultas populares y la revocación del mandato Constitucional es un avance democrático que le regresa el poder al pueblo para que si se equivocó en elegir a un gobernante lo pueda quitar.
Los diputados locales que votaron a favor, en contra o se abstuvieron, para bien o para mal ya han pasado a la historia.
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La bancada panista que votó en contra de la disposición fueron: Juan Manuel de Unanue Abascal, María Josefina Gamboa Torales, Rodrigo García Escalante, Sergio Hernández Hernández, María Graciela Hernández Íñiguez; Nora Jessica Lagunes Jauregui, María de Jesús Martínez Rivera, Omar Guillermo Miranda Sánchez, Monserrat Ortega Ruiz, Judith Pineda Andrade y Bingen Rementería Molina.
Al sumarse Veracruz a la disposición federal que aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto para reformar la Constitución Política Federal en materia de consulta popular y revocación de mandato se ha dado un gran paso federativo, ya que conforme al Artículo 135 Constitucional, la reforma debe ser aprobada por el poder legislativo federal y la mayoría de los congresos locales.
Así de haber necesidad de iniciar dicho proceso para el mandatario federal electo para el periodo 2018-2024, se deberá solicitar durante el mes de noviembre de 2021. Es decir los gobernantes actuales podrán ser sometidos a esta Reforma y será el INE quien se encargue de llevar al cago dichas consultas y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será el órgano que daría seguimiento a las impugnaciones, en caso de presentarse.
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