Jamás se supo que algún funcionario de confianza, mandos medios y superiores, denunciara ese ultraje moral y económico al amparo del poder… y si alguien se negó, seguramente fue maltratado sin que se supiera más.
Ahora, la 4T ofreció que todo eso acabaría, aunque al parecer la promesa duró muy poco, hasta que apareció el galimatías llamado Avión Presidencial y la famosa e ilegal rifa del mismo que rebasó las fronteras del Sector Público, pues la charola fue pasada no solo a funcionarios sino a integrantes del Sector Privado.
La única diferencia pareciera ser que ahora sí se puede estar en desacuerdo e incluso negarse a ser extorsionado oficialmente.
Es el caso del Gerente de Operación de Contratos y Asociaciones de Exploración en PEMEX, doctor Juan Carlos Granados Hernández, quién se negó de manera oficial a que le fuera descontado “voluntariamente” el 25% de su salario neto (después de impuestos) que la Dirección General de Pemex pretendió quitarle con la finalidad de unirse y contribuir al programa de austeridad para el rescate de la soberanía de México instituido por el Presidente de la República conforme al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del presente año.
Este caso será una prueba de fuego para saber hasta dónde las promesas de campaña de la 4T son en realidad o grilla.
Los ojos de los medios y de toda la sociedad en general, deberían estarán pendientes de que al doctor Granados Hernández lo castiguen por su sagrada decisión, que no le apliquen presiones, coacción o cualquier otro tipo de acciones en su contra.
¡Vaya caso!
Pero de seguro no será el único, toda vez que se ha dicho que este fin de año, los empleados de gobierno desde subdirectores hasta Secretarios no obtendrán aguinaldo, algo que se establece en la ley y podrá ser objeto de amparos.
La 4T deberá respetar la voluntad de quienes no estén en posibilidad o simplemente no quieran cumplir una disposición de manera ‘voluntaria’. De no hacerlo, estarían siendo iguales o peores que los anteriores.
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