Uno de los principales puntales del discurso de esta administración es el combate a la corrupción. Entendiendo que la corrupción es todo lo que se hizo antes del 1 de diciembre de 2018, pues sin duda, parte del mandato popular a Morena fue justamente perseguir y castigar a quienes en el pasado, abusaron del servicio público para su particular provecho.
Justamente en ese afán, desde el púlpito presidencial se ponderó la extradición a México de Emilio Lozoya. No por los actos de corrupción de los que él mismo se benefició, sino por la negociación que realizaron y en la que se acordó la entrega de grabaciones de sobornos varios, entre esos, los entregados para lograr la aprobación de la reforma energética, otro de los enemigos ideológicos de la autollamada “4T”.
A nadie debe sorprender la aparición de más grabaciones de este tipo, así como las supuestas investigaciones e incluso consignaciones de cercanos a quienes encabezan la oposición en el país.
La intención, por lo menos así parece hasta el momento, no es dar real persecución judicial a los casos y que los presuntos puedan ejercer su legitima defensa. ¡No! La intención es paralizar los movimientos de los opositores, “amansarlos” y que ello facilite a Morena la elección de 2021.
También, se busca desviar la atención de la opinión pública hacia el “combate frontal a la corrupción”, dejando de lado temas escabrosos como la carencia de insumos médicos, la cuestionada estrategia para atacar la Covid-19, la estrepitosa caída de la renta petrolera, etcétera.
¿Estarán midiendo los estrategas electorales de esta administración? ¿Hasta dónde y hasta cuándo se podrá desviar la atención con este tipo de asuntos? ¿Qué pesa más en el elector, el pan o el circo? En un régimen democrático, la presencia de la oposición es fundamental.
Lo anterior es una perla de Rogelio Barrios, colaborador especial de Política al Día para temas nacionales. | 
