En el 2017 el gobernador del bienio, Miguel Ángel Yunes Linares, “convenció” al Congreso de Veracruz para que le autorizara negociar una ampliación en los plazos de ambas concesiones a pesar de que su vigencia aún no concluía, lo que le permitió cobrar un recurso que no le correspondía a su gobierno, pero que –además- favoreció a un grupo empresarial que ha sido el principal patrocinador de su carrera política, la familia Ruiz Ortiz.
En el caso de la caseta de La Antigua, en la que tienen participación los gobiernos estatal y federal, Yunes Linares debió contar con la aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así que si la Federación quiere, bien puede echarle un ojito, y si no lo hace la Federación bien puede hacerlo el actual gobierno.
Ahí sí, con una revisión detallada de los procedimientos, seguramente se conseguirán argumentos jurídicos suficientes para revocarlos.
¡Sopas! Así, sin tanta palabrería, sin tanto adorno histórico, Filiberto le pone un flan al Presidente para que ponga orden en donde pudieron darse hechos de corrupción propiciados desde las meras entrañas del poder tanto estatal como federal.
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