¿En esta vialidad suceden muchos accidentes? Cierto.
¿Los afectados luchan batallas inganables para que les resarzan los danos? Cierto. ¿La reconstrucción realizada por Miguel Ángel Yunes Linares quedó mal desde el inicio? Así parece.
Pero para eso existen las autoridades y los peritajes, para determinar si los accidentes se deben a errores en el proceso constructivo de la carretera o a la falta de pericia de los conductores. Y de resultar lo primero, el Gobierno del Estado (por ser carretera estatal) tendría la obligación de reparar el daño (aunque no la hayan construido los actuales) y aplicar la ley a quienes la construyeron, y a la vez dictar toda clase medidas preventivas mientras tanto se repara.
Pero no ha sucedido lo anterior, la excelsa solución de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas es garantizar la instalación de reductores de velocidad. O sea, no arreglan el problema y solo lo parchan, pues esa no es la solución plena al problemón que dejó el gobierno anterior.
Si el dictamen y los estudios que ya se han realizado indican que hubo errores constructivos y se usaron materiales no adecuados, se debe aplicar la ley en contra de quienes no tuvieron el cuidado de hacer la carretera de acuerdo a los criterios constructivos vigentes.
Como lo anterior no se ha realizado -ni al parecer se piensa hacer- a eso se le llama aquí y en china: ingobernabilidad y colaboración con la impunidad.
Y por otra parte, si el problema real es la impericia y la velocidad, entonces la Dirección de Tránsito es la que debe intervenir para evitarlo. Aún así, antes de la reconstrucción no había tantos accidentes como ahora.
Los canillazos de la mañana se los llevan las autoridades actuales de la SIOP a cargo de Elio Hernández Gutiérrez por hacerse de la vista gorda ante un caso de evidente corrupción, impericia y causante de pérdida de vidas humanas.
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