Modificar la Ley para hacer un traje a la medida. La 'democracia participativa' de AMLO enterraría a la 'democracia representativa'

Uno de mis más admirados maestros en la Facultad de Derecho recomendaba como lectura obligada para todos los abogados “El Principito”, del francés Antoine de Saint-Exupéry.

Recuerdo en particular el Capítulo X que narra el encuentro del protagonista con el Rey del asteroide 325, que regía vestido de púrpura y armiño, “sobre su trono, simple pero majestuoso”. De este pasaje aprendimos el principio de autoridad de la ley, cuando el monarca explica al principito como era el poder que él tenía y como lo utilizaba. “...Debe exigirse de cada uno lo que puede dar. La autoridad se fundamenta en primer lugar en la razón... Yo tengo derecho a exigir obediencia porque mis ordenes son razonables”. De esta manera, el Soberano le explica porque no puede ordenar una puesta de sol a la hora que quiera, sino cuando las condiciones “son favorables”.

Esto viene a colación a raíz de lo que esta mañana propuso el Presidente López Obrador ante la resolución que deberá emitir la Corte relativa a la propuesta de consulta ciudadana para juzgar a los ex-Presidentes. A decir del mandatario, si la resolución va en el sentido de declarar contraria a la Constitución la consulta propuesta, lo que previene el artículo 35 de la carta fundamental es “letra muerta” y por lo tanto, propondrá una reforma constitucional que dé vida al régimen democrático “participativo”, casi que a la par del actual que es eminentemente representativo.

De siempre, López Obrador ha tenido la idea, un poco distorsionada, de aplicar en nuestro país un régimen participativo (a la “usanza ateniense” se dice en su círculo cercano) con el fin de que sea “el pueblo” quien decida “de viva voz” los temas que son de interés público.

¿Qué se propondría en esta reforma al 35 Constitucional? Básicamente que las consultas no deban ser necesariamente en año electoral (o sea cada 3 años), sino que se puedan organizar cada que, a juicio del Ejecutivo y del Legislativo, exista un tema de importancia “capital”. Incluso, se afirma que está en el tintero eliminar el filtro que significa el visto bueno de la SCJN.

Sin duda, es interesante la propuesta porque, en primer lugar, pareciera que en virtud de que las ideas que surge desde Palacio Nacional chocan con la legalidad, más vale intentar mover la legalidad para donde se quiere.

Por otro lado, parece que alguien sugiere al Presidente que la mejor forma de minimizar la responsabilidad legal y política de ciertas decisiones es “consultar al pueblo” y que éste sea el que decida. Eso es lo que se ha intentado desde la pseudo consulta del NAIM, hasta la que llevó a paralizar los trabajos de la cervecera Constellation en Mexicali, pasando por la que “aprobó” la operación del cuestionado Proyecto Integral Morelos para generar electricidad, a pesar de la oposición manifiesta de los vecinos.

De prosperar la idea de la autollamada “4T”, podríamos caer en un exceso de citas a las urnas, con el costo económico que ello significa (aún cuando también se erradique al INE de la organización de las mismas) y el cansancio ciudadano ante esta situación, por la consabida “politiquería” que esto conllevaría.

Cuenta Luis Conte Agüero en “Los dos rostros de Fidel Castro” que, al triunfo de la revolución cubana, Castro se dio a la tarea de recorrer las diferentes comunidades de la mayor de Antillas a fin de exponer el plan de la triunfante revolución y la intención de, en un plazo perentorio, convocar a elecciones locales. En la mayoría de ellas, fue una constante el grito de “elecciones NO”. Esto, fue magnificado por el grupo cercano al afamado Líder y sirvió para justificar la ausencia de las mismas durante algunos años.

Ojalá que la “democracia participativa” que se pretende instaurar no genere el hartazgo de los mexicanos de lo público.

Lo anterior es una perla de Rogelio Barrios, colaborador especial de Política al Día para temas nacionales.