De acuerdo con los procedimientos de ley, la Magistrada, o su defensor, deberán estar presentes en la sesión -que se desarrollará a puertas cerradas- para exponer lo que a sus interés convenga hasta por un tiempo máximo de 30 minutos.
Posteriormente, ya sin su presencia o de su abogado, se procederá a la votación, y se requieren las dos terceras partes de los diputados del Pleno para determinar si procede continuar el procedimiento de Juicio Político.
Sin embargo, la Legislatura estatal no será la que determine las sanciones a las que se haría acreedora la Magistrada Sofía Martínez Huerta, sino el propio Poder Judicial de Veracruz. Es decir, serán sus propios pares, los de casa, los que tendrán en su poder el botón que activaría, o no, la guillotina.
El fin, se escucha en los pasillos del Congreso, es enviar un mensaje muy claro a los actuales funcionarios de la 4T de que no habrá tolerancia alguna para quienes no cumplan con su deber legal y caigan en presuntos actos de corrupción o se extralimiten en sus funciones.
Sin embargo, de acuerdo a fuentes al interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, se le puede adelantar que el Poder Judicial será benévolo con la Magistrada. Esto es, lo más probable es que la sanción sea solo administrativa sin que pierda sus cargo de Magistrada ni sea inhabilitada. ¡Vaya! Sería jalar la cobija y dejar un precedente de que entre ellos mismos se pueden morder.
Seis de los nueve magistrados son de tinte institucional, por lo que lo más probable es que la Magistrada al final de cuentas sea tratada con benignidad. Pero eso sí, aguas, porque hay tres Magistrados dictaminadores que pueden exponer y fundamentar que aparte del Fondo Legal y el abuso de autoridad, se revisen otros temas relacionados con un presunto desvío de recursos. | 
