Lo anterior luego de que la Primera Sala de la SCJN concluyó que la mencionada Ley daba al Gobierno discrecionalidad para ejercer el gasto público en difusión y espacios en los medios y que además atentaba contra la libertad de expresión.
Hay que recordar que es una obligación del Gobierno dar a conocer a los mexicanos qué hacen con la aplicación de recursos del gasto público.
Lo que sigue:
La mencionada Sala de la SCJN ordenó al Congreso de la Unión corregir las deficiencias de esta legislación antes de que concluya diciembre y transparentar el gasto público destinado a espacios en medios. Es claro que en caso de que dicha Ley sea derogada por la actual Legislatura Federal ahí mismo se deberá emitir una nueva, ya que existe la obligación Constitucional de reglamentar el gasto gubernamental en publicidad.
Al revisar un juicio de amparo, los ministros consideraron que con la ley se atenta contra la libertad de expresión, en virtud de que la norma omite criterios claros y objetivos no solo sobre el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social, sino también en materia de contratación de medios.
Fracasa así el intento del PRI y del expresidente Enrique Peña Nieto por controlar desde la presidencia de la república la libertad de expresión.
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