De la Secretaría de Educación Pública (SEP), por ejemplo, Política al Día Express tuvo información que al día de hoy 31 de mayo, fecha en la que se cumple el plazo de ley para presentar la declaración anual patrimonial y de intereses, casi 15 mil en todo el país no han hecho.
¿Tanto? Se cuestionó. La respuesta fue: sí, y cada año ha pasado lo mismo.
El problema aseguran en la SEP es que cada año es casi lo mismo. Los funcionarios no cumplen y los responsables de verificar el cumplimiento no aplican las medidas sancionatorias correspondientes, por eso es que muchos han perdido el interés en hacerlo.
Al conocer esta situación en la SEP sería interesante conocer lo que está pasando en Veracruz. De acuerdo a la Contraloría General del Estado, en el 2021 cumplieron con su obligación 167 mil 388 servidores públicos; mientras que este 2022, hasta el corte de ayer 30 de mayo, habían presentado su declaración patrimonial 177 mil 044.
La Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, se disculpó de no tener el dato de cuántos servidores públicos han sido sancionados en años anteriores, ni el universo de servidores públicos obligados en cumplir con esta obligación en Veracruz, pero cortésmente proporcionó el número de celular de Sergio Sandoval, Consultor de Gestión, Logística y Vinculación, quien dijo podía atender la petición. Sin embargo la respuesta de Sandoval fue casi en el mismo sentido: ‘No la tenemos a la mano el universo de servidores públicos obligados… No tenemos el dato de cuántos servidores públicos han sido sancionados por incumplimientos de la ley ni en este ni en años anteriores’.
Por tanto, lo importante no es saber cuántos funcionarios al día de hoy no han presentado su declaración, sino que a la fecha no sepan cuántos servidores públicos han sido sancionados por tal motivo en años anteriores.
Ojalá y más adelante, ya que se hayan consolidado sus cuentas, la Contraloría pudiera informar a los veracruzanos el universo de servidores públicos obligados, así como cuántos servidores públicos han incumplido con la ley y cuántos han sido destituidos o sancionados en sus encargos, o qué tipo de sanción económica o inhabilitación se han aplicado durante los años del presente gobierno.
Lo anterior con la finalidad de que esta información al hacerse pública conmine al cumplimiento de esta disposición tan importante ya que representa un insumo vital para conocer la probidad, honradez e integridad de los servidores públicos al término de sus encargos.
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