Desde entonces inició una batalla legal por parte de la Auditoría Superior de la Federación, porque esa carpeta no sólo se reactivara, sino porque además se regresara a la ahora FGR.
Y es que en esa carpeta de investigación, que fue la primera contra el ex mandatario, venía documentado toda la red de las empresas fantasma, donde no sólo participaba Javier Duarte, sino también varios de sus colaboradores.
Por ello resulta importante que este lunes, un Juez Federal haya ordenado a la Fiscalía General del Estado de Veracruz devolver a la FGR, la primer carpeta de investigación en contra del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y varios de sus excolaboradores por su presunta responsabilidad en el delito de desvíos de recursos, que intentó archivar aún siendo titular del Poder Ejecutivo.
Desde el año 2017, la ASF promovió el juicio de amparo 1208/2017 mediante el cual impugnó tanto que la PGR remitiera sin consultarle la carpeta de investigación a la Fiscalía de Veracruz, y que ésta a su vez, decidiera archivarla.
Este lunes, el titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito con sede en Xalapa resolvió ordenar a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General de Veracruz devolver la carpeta de investigación correspondiente a la investigación de Javier Duarte de Ochoa y varios de sus ex colaboradores por presuntos desvíos de recursos a la Fiscalía General de la República.
Dicha carpeta deberá continuar en integración en la ahora Subprocuraduría Especializada de Delitos Federales de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la FGR.
Una vez que reciba la averiguación previa, además de continuar con la integración de la misma, también deberá reconocer el carácter de coadyuvante al director general Jurídica de la Auditoría Superior de la Federación.
“En el supuesto de que estime procedente proponer el no ejercicio o desistimiento de la acción penal en dicha averiguación previa, previo a emitir el acuerdo relativo, deberá escuchar la opinión del coadyuvante”, agregó.
Y vaya que es necesario que también se pague por esos presuntos delitos, pues si no, sería un negocio bastante rentable. Nueve años de condena (que pueden reducirse a 4.5) a cambio de enriquecerse de por vida y dejarle resuelta la vida a los familiares y descendientes por varias generaciones. | 
