El tema se remonta a 2015, cuando en Jalisco se cancelaron pagarés e hipotecas ligadas a inversiones inmobiliarias de la firma canadiense bajo el argumento de una supuesta reestructura previa que la empresa siempre negó.
Lo grave no fue solo el pleito mercantil, sino que terminó costándole al país la percepción de denegación de justicia derivada de irregularidades procesales, documentos cuestionados y un manejo judicial que terminó por abrir la puerta al arbitraje internacional bajo el TLCAN hoy T-MEC.
La firma exigía 220 millones de dólares, pero México logró bajar el daño a 47 millones en tribunales mexicanos en el 2021, aun así, el golpe está dado y dolerá.
Lo anterior, fuera del costo financiero, servirá para calmar aguas políticas que hoy exigen perfección en el Poder Judicial y se polemiza en que ese Poder mexicano necesita cirugía mayor por ineficiencia, corrupción o excesos formales. El caso revive como prueba histórica de lo que ya ocurría en tribunales desde hace más de una década, porque al final no pagará el juez, ni el despacho, ni quienes presuntamente montaron trampas procesales. Pagará el Estado mexicano. Es decir: el contribuyente.
Una bomba que seguramente espinará las bocas en el debate obligado que vendrá más adelante. Ese es el costo de tratados internacionales.
La pregunta que deja picando el tema es brutal. Si en 2015 ya se pagaban así las fallas del sistema ¿cuántas facturas más siguen escondidas bajo la alfombra judicial? | 
