Y era previsible. Mover operadores políticos, organizar asambleas en todo el país, transportar simpatizantes y desplegar estructuras territoriales, cuesta dinero... mucho dinero.
Por ello, la autoridad electoral no se limitó a revisar los informes entregados por las organizaciones, sino que solicitó información adicional a diversas instancias financieras para verificar la legalidad y procedencia de los recursos utilizados.
Por ahora no existen sanciones ni conclusiones definitivas, pero el mensaje del INE es claro: antes de abrirles la puerta como partidos políticos, primero quiere saber quién pagó la gasolina.
Porque una cosa es reunir afiliados y otra explicar quién financió la operación.
El registro puede estar cerca; la explicación del dinero quizá no tanto. Es decir, nuevos partidos buscan registro. El INE busca respuestas. Y ahí podría comenzar el verdadero debate. | 
