Pero más allá de los nombres, lo relevante es el regreso de una de las figuras más delicadas del sistema político mexicano: el desafuero Constitucional.
Lo que durante décadas ha sido visto de dos maneras: para unos, el mecanismo para impedir que el fuero se convierta en refugio de la impunidad; para otros, un instrumento de presión política. Casos como los de Andrés Manuel López Obrador, Julio César Godoy Toscano y diversos alcaldes en entidades como Tamaulipas, Michoacán o Morelos demuestran que el debate nunca ha sido exclusivamente jurídico.
Por eso el verdadero examen apenas comienza.
Si las investigaciones están sólidamente sustentadas por la Fiscal, que la ley siga su curso. Pero si el procedimiento termina contaminado por intereses políticos, el daño alcanzará también a las instituciones. Sería como un doloroso bumerang para la democracia y el estado de derecho.
Porque en un Estado de Derecho, el fuero no debe proteger culpables; pero el desafuero tampoco puede convertirse en una sentencia anticipada.
Vaya papa caliente que tiene ahora el Congreso en sus manos.
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