Cinco años después, la justicia alcanzó una sentencia. Tardía, sí; pero necesaria. Cada resolución de este tipo envía un mensaje que la sociedad necesita escuchar: la violencia contra las mujeres debe investigarse, juzgarse y castigarse. El verdadero reto es que ningún caso vuelva a esperar años para encontrar justicia.
Pero este caso también debería abrir otra conversación: la que ocurre en la casa, en la oficina, en el taller, en la escuela y en la mesa familiar. Porque prevenir la violencia contra las mujeres empieza mucho antes de que intervengan policías, fiscales o jueces.
Cada feminicidio representa un fracaso colectivo: de la familia, de las instituciones y de la sociedad. Una sentencia no devuelve la vida de la víctima, pero sí fortalece un principio indispensable para cualquier Estado de Derecho: que estos delitos no queden impunes.
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