Ante estos casos, el Gobierno estatal mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, a fin de brindar orientación a los ciudadanos y canalizar cada asunto ante la autoridad competente, respetando las atribuciones de cada instancia.
Como parte de esta estrategia, también existe coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública para revisar los procedimientos de desalojo antes de su ejecución y verificar que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación.
Asimismo, se encuentran en revisión las 260 notarías del estado, proceso que concluirá en diciembre y cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de la normatividad y fortalecer la certeza jurídica en los actos y documentos notariales.
La Secretaría de Gobierno también tiene bajo su administración 62 notarías que, por cesantía o retiro, quedaron a cargo del Ejecutivo estatal. En estos casos, se resguarda documentación y se atienden las solicitudes de aclaración que presentan los ciudadanos.
Finalmente, el encargado de la política interna informó que, como resultado de este acompañamiento institucional, tres casos de amplia difusión pública han sido resueltos favorablemente, entre ellos uno relacionado con un inmueble en Las Ánimas y otro que involucró a un alcalde y particulares. | 
