La estrategia institucional se ha enfocado en auditar patrimonios, rastrear omisiones en la administración de justicia y sancionar la dilación injustificada o la parcialidad en las resoluciones.
Casos clave y precedentes procesales
Las primeras actuaciones del nuevo órgano disciplinario exponen fallas en distintas entidades del país:
Hidalgo: Se investiga a un juez por presuntamente favorecer a una empresa al autorizar el levantamiento del aseguramiento de cuentas bancarias que servían como garantía contractual.
Juzgadores por voto popular: Destaca el caso de la jueza Aneshuarely Riojas Orozco, suspendida temporalmente tras otorgar prisión domiciliaria a un imputado por feminicidio, omitiendo un proceso previo de recusación.
El alcance real del escrutinio judicial
El aspecto de mayor impacto político y normativo radica en los 53 expedientes abiertos contra jueces de carrera. Si el Tribunal mantiene este ritmo de fiscalización, el proceso rebasará la depuración administrativa para convertirse en una revisión estructural del Poder Judicial.
El punto crítico consistirá en determinar cuántas de estas 53 indagatorias concluirán en inhabilitaciones administrativas y cuántas serán turnadas a las fiscalías para derivar en procesos penales.
Asimismo, la suspensión de juzgadores electos por voto popular envía una señal clara: la vigilancia del órgano disciplinario abarca a todo el aparato de impartición de justicia sin distinción de origen. | 
