Lo interesante es que ya existe una respuesta del IPE. El Instituto ha informado que el Salario Regulador no aplica de la misma manera a toda la derechohabiencia, que no representa un descuento uniforme sobre las pensiones y que la legislación no establece un porcentaje automático de reducción del 30 o 40 por ciento.
Entonces, ¿qué sigue? Precisamente lo que debe seguir: analizar, explicar y acordar.
Los sindicatos independientes plantean, entre otros puntos, que los trabajadores incorporados bajo las leyes 5 y 20 no deberían enfrentar una aplicación retroactiva de nuevas disposiciones, y ponen sobre la mesa otra pregunta: ¿cuál es el papel de los consejeros que representan a los derechohabientes?
Son dudas legítimas que merecen respuestas claras. Y aquí está quizá lo más importante de todo:
Preguntar no significa confrontar. Exigir claridad tampoco significa romper el diálogo. Por el contrario, que Gobierno, IPE y organizaciones sindicales estén sentados en una misma mesa permite que las diferencias se expongan, se revisen y, eventualmente, se conviertan en acuerdos.
Porque cuando se habla de pensiones, no se habla solamente de números. Se habla del futuro de miles de trabajadores.
Y si el diálogo ya comenzó a caminar, lo mejor que puede pasar es que no vuelva a detenerse. Porque al final, las cosas claras no dividen: ayudan a encontrar acuerdos.
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