La propuesta de Rocío Nahle busca que para proceder penalmente contra alcaldes, integrantes de concejos municipales y síndicos ya no sea necesario pasar primero por el Congreso para quitar el fuero. Y vaya que el momento político es crítico.
En entidades como Puebla y Oaxaca, por ejemplo, han sido detenidos ediles en funciones de Morena sin mayor complicación procedimental, al no requerir el aval previo de las legislaturas locales. Mientras tanto, en Veracruz, los exalcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván —ambos emanados de Movimiento Ciudadano— tuvieron que pasar por un prolongado proceso de declaración de procedencia, lo que les dio margen de tiempo para evadir a la justicia y convertirse en prófugos.
De los discursos a las votaciones
La iniciativa ya no se encierra solamente en el terreno de las declaraciones. Ahora tendrá que someterse al conteo de votos en el Pleno.
La verdadera prueba para los diputados locales radicará en observar si la reforma avanza sin distinguir colores partidistas. Si la protección constitucional deja de ser un escudo para unos, dejará de serlo para todos los actores políticos por igual.
La prueba de fuego legislativa
Será entonces cuando se evidencie quién sostiene el principio de la ley pareja y quién busca mantener fueros de protección cuando las investigaciones alcancen a sus propias filas.
Los canillazos del día son, desde luego, para quienes exigen la aplicación rigurosa de la ley, pero únicamente en las filas de los adversarios. |