Mientras la oposición pone el reflector sobre la sostenibilidad del gasto social y cuestiona la capacidad financiera del Gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desplaza la discusión hacia el combate a las empresas factureras, el huachicol fiscal y la evasión de impuestos.
El Paquete Económico 2027 propone fortalecer los ingresos públicos sin crear nuevos impuestos generales ni elevar las tasas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) o del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La estrategia se concentra en ajustar reglas fiscales y acotar deducciones.
La apuesta del Ejecutivo radica en incrementar la recaudación cerrando las vías de evasión y elusión, en lugar de cargar deudas o mayores gravámenes al contribuyente cautivo.
Justicia fiscal y el debate presupuestal
Más allá de las proyecciones técnicas, existe una marcada intencionalidad política en el debate económico nacional:
Sostenibilidad del gasto: La ciudadanía y las fuerzas de oposición exigen fiscalización e indicadores claros sobre el destino y la eficiencia del presupuesto público.
Obligación recaudatoria: Hacienda asume la responsabilidad de mejorar los mecanismos de cobro dentro del marco legal, combatiendo prácticas ilegales en el sector empresarial e hidrocarburos.
Equilibrio fiscal: Para evaluar la austeridad es indispensable revisar la calidad del gasto; sin embargo, la justicia fiscal exige poner el foco en los sectores que evaden sus obligaciones tributarias.
La discusión pública no solo se limita a determinar cuánto y cómo gasta el Estado, sino a calcular cuánto dinero se deja de percibir por fraude fiscal y quién asume el costo final de dichas omisiones. | 
