El nombramiento de este fiscal podrá ser objetado por el titular del Poder Ejecutivo estatal dentro de un plazo de 10 días hábiles, en cuyo caso se procederá a un nuevo nombramiento en los términos aplicables.
Por el contrario, de no pronunciarse en el plazo establecido, el nombramiento se dará por ratificado, entendiéndose que no existe objeción alguna para ello.
No obstante, el documento establece una periodicidad de cinco años en el cargo para quien sea designado como titular de la nueva Fiscalía, que podrá ser removido libremente por el Fiscal General del Estado, siempre y cuando se actualice alguna de las causales que se establezcan en la Ley.
En ese sentido, la reforma aprobada establece que el Congreso del Estado podrá objetar esta disposición en un plazo de 10 días hábiles, para lo cual tendrá que contar con el voto de las dos terceras partes de los diputados y diputadas de la Legislatura en turno.
De igual forma, durante la Tercera Sesión Ordinaria, del segundo periodo correspondiente al tercer año de labores, los legisladores aprobaron facultar al Congreso de Veracruz para designar al titular de la Contraloría General del Estado (CGE).
A partir de esta modificación a la Constitución Política Estatal, a propuesta del Ejecutivo, la Legislatura tendrá la atribución para decidir quién será la persona con mayores aptitudes para servir a Veracruz desde la Contraloría, mediante la venia de dos terceras partes de sus integrantes.
En caso de que el candidato propuesto para ocupar el cargo no obtenga el voto aprobatorio requerido para ser designado, el Ejecutivo estatal podrá enviar tantas propuestas como sean necesarias, hasta lograrse la mayoría de votos requeridos.
El documento aprobado señala que deberá instalarse de manera permanente un Comité Coordinador Anticorrupción, que estará integrado por los titulares en el estado del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la CGE, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI); así como un miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y un representante ciudadano destacado por su contribución a la transparencia y combate a la corrupción.
Asimismo, a fin de prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, dicha reforma constitucional brinda capacidad al Congreso del Estado para legislar en materia local anticorrupción. | 
