Funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) se niegan a presentarse ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para testificar sobre el presunto fraude de 100 millones de pesos que les cometieron a casi 40 empresas locales.
Desde hace casi dos años la compañía "Drake Mesa" se ha negado en liquidar esa deuda que mantiene con empresarios de la ciudad, quienes prestaron servicios de refacciones de vehículos, accesorios, abasto de alimentos y otras prestaciones.
El representante legal de un grupo de seis empresarios, Edgar Manuel Alonso Rivera explicó que la Unidad Integral de Procuración de Justicia (UIPJ) de la FGE citó este jueves a tres funcionarios de Pemex para corroborar o desmentir que "Drake Mesa" ya le pagaron.
Pero los petroleros no se presentaron a la audiencia. De acuerdo con los citatorios, las autoridades requirieron al supervisor del contrato de Pemex con Drake Mesa, David Pérez Ortiz; el residente de esa misma contratación, Luis Gómez Herrera y el encargado del despacho de la coordinación de servicios e intervenciones en pozos de la zona norte, Carlos Solano Rodríguez.
Las tres personas testificarían si Pemex ya pagó a Drake Mesa y a sus filiales, Drake Finley y Finley Resources, por los "Trabajos Integrales de Perforación y Terminación de Pozos Terrestres en las regiones Norte y Sur de Pemex Exploración y Producción (PEP)", cuyo contrato está registrado con los números 42-100-48-21.
Al no presentarse, Edgar Manuel Alonso Rivera afirmó que recurrirán a otras instancias legales para que estos funcionarios rindan su testimonio sobre la denuncia que interpusieron los empresarios locales en contra de la compañía Drake Mesa y sus demás socios.
Pero también confían en que la FGE realice un segundo llamado de presentación para que rindan sus declaraciones y esclarezcan este caso donde casi 40 empresarios reclaman 100 millones de pesos que les deben desde el año 2014.
Los afectados solicitaron el apoyo de los funcionarios de Petróleos Mexicanos, pero no les respondieron a sus peticiones. Sólo esperan que las autoridades correspondientes deslinden responsabilidades de los culpables.
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