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Inicia Congreso de la Unión proceso de desafuero contra Tarek Abdalá por empresas fantasma creadas por Duarte


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Rosalinda Morales
2017-01-26  
20:12

Confirma el presidente de la Mesa Directiva del Congreso Federal, Edmundo Javier Bolaños Aguilar que han dado entrada a juicio de procedencia contra el diputado veracruzano Tarek Abdalá Saad, remitirán a la Comisión Instructora y de Gobernación y en este mismo periodo quedará votado el proceso.


Apenas la semana pasada la Fiscalía de Veracruz solicitó a la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados el desafuero del diputado federal priista Antonio Tarek Abdalá Saad, uno de los extesoreros de la administración de Javier Duarte involucrado en el caso de las empresas fantasmas.


Aun cuando envió desde la semana pasada la solicitud, fue hasta este jueves, cuando en reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el presidente, Edmundo Javier Bolaños señaló que se le había dado entrada.


En el puerto de Veracruz, fue entrevistado el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, quien señaló:


“Estamos pidiendo el desafuero en contra del Diputado Federal de Veracruz, Tarek Abdala, para que responda a los delitos que cometió en agravio de todos los veracruzanos”.


El Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz presentó desde la semana pasada, ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio de desafuero en contra del diputado federal priista y extesorero Tarek Abdalá Saad, por los presuntos delitos de desvío de recursos públicos, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias, a fin de que pueda ser sujeto a proceso penal.


“Nuestra actuación está sustentada en investigaciones y elementos de prueba, en el cumplimiento de mi deber acudo en representación de miles de familias de Veracruz, que fueron agraviadas por los malos manejos y desvíos de recursos públicos, que originaron un gran desfalco y retraso, afectando la vida productiva de Veracruz”.


El Fiscal exigió que el ex tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación en la pasada administración gubernamental, responda ante la justicia respecto a cuatro carpetas de investigación que ya se encuentran integradas en su contra, por actuar de manera omisa y dolosa, en la administración y desvíos de fondos estatales y federales hasta por un monto de 23 mil 156 millones de pesos.


“Tenemos la confianza que se procederá en consecuencia, debido a que la instancia que le practicó las auditorias previas, fue la auditoría Superior de la Federación, la cual depende de la Cámara de Diputados, cuyos integrantes tienen la facultad de conocer los mecanismos y resolutivos emanados de las investigaciones administrativas”.


Abundó que se cuenta con señalamientos directos emitidos en su contra, por lo que ya hoy enfrenta la acción de la justicia y actualmente se encuentra de calidad de imputado y serán los diputados federales quienes integrarán el correspondiente expediente y revisarán las pruebas y las valorarán, para en fechas posteriores declararán si hay lugar a procedencia.


Dijo que el delito de peculado es considerado grave, y no prescribe aun con el fuero de legislador, pero se pide que se haga a la brevedad porque se busca justicia, por ello dijo que la Fiscalía continuará combatiendo cualquier irregularidad detectada.


“Nuestro compromiso es con los veracruzanos, con la verdad y con la aplicación de la ley, hago un llamado a los diputados federales para que determinen de qué lado están, de la ciudadanía o el de sus partidos políticos, si van a proteger la impunidad, o a los ciudadanos”.


Especificó que el ex funcionario incurrió en el desvió de recursos federales etiquetados para el ámbito de salud, y con ello se puso en riesgo la vida de los veracruzanos que no tuvieron acceso a medicina ni a servicios médicos porque el dinero prácticamente fue robado.


Agregó que la suma de los delitos que se le imputan alcanzaría hasta los 15 años de prisión.


Dijo que se investigan a otros diputados federales del estado de Veracruz y en las semanas siguientes, se presentarán las peticiones de desafuero, “son hechos públicos y es notorio de quienes son señalados por la misma auditoría y las mismas instancias de gobierno”.


(Agencia Imagen del Golfo)

 
 
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