La juez señala que si bien los actos reclamados hablan de una ilegal detención y privación de la libertad, así como todos los actos que emanan ilegalmente del proceso penal 13/2017, esto es incorrecto.
"Dicha detención fue realizada en cumplimiento de un mandamiento judicial otorgado por autoridad competente; la ejecución de tal mandamiento judicial fue superada al no acreditarse circunstancia violatoria de los derechos del imputado", indica la juez.
Tras argumentar que con la vinculación a proceso varió la situación jurídica de Bermúdez, la juez detalló los antecedentes del proceso.
En ellos, destaca que desde el 1 de febrero, a través del oficio FGE/FESP/043 2017-XII-1, el fiscal décimo segundo especializado en hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos, Rufo Seechi Ordóñez, solicitó la audiencia privada para externar los argumentos respecto del mandamiento judicial de aprehensión contra Bermúdez, probable responsable de enriquecimiento ilícito.
Agrega que luego de esto, se fijó la audiencia el 2 de febrero y tras escuchar las razones de la parte acusadora, se procedió a obsequiar la orden de aprehensión, misma que fue girada mediante el oficio número 496 de fecha 2 de febrero.
La juez indica que la Policía Ministerial informó a las 13:20 horas del 3 de febrero la detención de Bermúdez, que tuvo lugar a las 10:50 horas, poniéndolo en calidad de detenido.
Mientras, a las 14:00 horas, el fiscal especializado solicitó fijación de audiencia inicial para la formulación de la imputación, misma que se fijó para ese día, destacando que el acusado se encontraba debidamente asistido por sus abogados.
"Igualmente se requirió al imputado sobre el conocimiento de sus derechos y manifestó ser innecesaria la comunicación de ellos por tener pleno conocimiento de los mismos, consecuentemente se dio oportunidad a las partes para manifestarse sobre la ilegalidad de la ejecución de la orden de aprehensión sin que refirieran circunstancia alguna de ilegalidad", indica el informe.
La juez agrega que Bermúdez renunció al plazo constitucional para el otorgamiento de pruebas a su favor, por lo que la fiscalía sustentó la acusación con datos de prueba y se dictó la vinculación a proceso.
Agrega que tras haber elementos se dictó la prisión preventiva por existir elementos para suponer una posible sustracción de la justicia, y sobre todo porque tenía ya una vinculación previa por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Asimismo, la juez de control expone que "no existen manifestaciones de tortura, malos tratos o incomunicación", por lo que la detención de Bermúdez está sustentada.
La abogada establece que hay imprecisión en la suspensión decretada por la autoridad federal, pues indica "actos futuros".
“Es decir, la autoridad judicial señala que el amparo no indica si se trata de una orden de liberación inmediata, aludiendo que el imputado "no sea detenido"; lo anterior lo explica tomando en cuenta que cuando se inició el proceso por enriquecimiento ilícito contra Bermúdez Zurita, el 1 de febrero, no existía tal amparo para evitar que fuera detenido, obligado a comparecer o ser presentado.
Por ello, el juez federal no puede hablar de futuras detenciones, cuando el imputado ya fue vinculado a proceso y ya está sujeto a las medidas cautelares dictadas desde el viernes 3 de enero.
(Agencia Imagen del Golfo) | 
