La propuesta legislativa prevé que los conductores que no resulten responsables por la comisión de alguna infracción a la Ley o su Reglamento y no realicen una acción u omisión que dé o pueda dar lugar a la tipificación de un delito, quedarán exceptuados de cubrir el costo de la maniobra y arrastre realizado por la grúa oficial, autorizada, permisionada o concesionada, así como el monto de la pensión que se genere en el depósito vehicular por el resguardo del vehículo.
El costo de la maniobra y del arrastre del vehículo que sea retirado de la vía pública nunca será mayor al costo de la multa impuesta.
El legislador dijo que conforme a datos de Transparencia Mexicana en su Índice Nacional de
Corrupción y Buen Gobierno de la edición 2010, al calificar los servicios con mayor corrupción el “Evitar que un agente de tránsito se lleve su automóvil al corralón” está en el lugar 33 de 35 trámites de servicio público.
Subrayó que la Ley de Tránsito y Seguridad Vial representó un cambio sustancial en el desempeño de la autoridad, los derechos y obligaciones de conductores y peatones, la conformación institucional así como la problemática de la movilidad vial. Pero –aseguró- como cualquier ley, las disposiciones que ella contiene son perfectibles.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad para su estudio y dictamen correspondiente. | 
