Dijo que de acuerdo con cifras difundidas por magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se estiman adeudos en esa materia por más de 2 mil millones de pesos, cantidad que representa el 3 por ciento del Producto Interno Bruto Estatal y el 67.4 por ciento de los ingresos totales de los gobiernos municipales.
Enfatizó que este problema se ha generado, entre otras causas, por despidos injustificados motivados por revanchismos políticos y por actos sin apego a los procedimientos establecidos en la legislación laboral aplicable.
Refirió que la Ley Federal del Trabajo y la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz establecen con precisión los procedimientos que deben agotarse para rescindir o cesar a un trabajador, lo cual es una obligación para el patrón y un derecho para el trabajador. Sin embargo –añadió- dichos procedimientos no se aplican en muchos casos, generando con ello despidos numerosos y juicios laborales, e inclusive administrativos, y una gran cantidad de resoluciones condenatorias.
La consecuencia de lo anterior es una afectación a la sociedad, pues al pagar grandes cantidades de dinero por concepto de laudos, las entidades públicas dejan de cumplir con su fin primordial, que es proporcionar obras y servicios públicos a los ciudadanos, considerando que la razón de ser de las instituciones públicas es servir al desarrollo de la sociedad.
En el tema de los despidos injustificados, nos encontramos ante el supuesto jurídico de un acto arbitrario por parte de la autoridad, que con su actuar le causa un perjuicio tanto a la entidad pública, poniendo en riesgo sus recursos, como a los trabajadores injustamente despedidos, por no observar las normas que regulan las relaciones laborales, concluyó.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente. | 
