En entrevista, las mujeres señalaron que en concreto, son 20 fiscales a las que se le indicó desde la FGE que no existe el recurso económico para continuar sufragando sus labores “y que por tal motivo rescindían de nuestros contratos”, dijo Doria Mejía, de la Fiscalía Tercera de Coatepec.
Indicaron que hay mujeres que tienen hasta 19 años laborando para la impartición de justicia y ahora que pretenden liquidarlas sin razón aparente, les han ofrecido apenas 37 mil pesos como finiquito.
Hasta la tarde de este viernes, dos fiscales ya habían aceptado su liquidación, que se les otorgó sin mediar acuerdo, puesto que les fue presentada su carta de renuncia y un contador al que ubican solo con el nombre de Wilfrido, les ordenó firmarla.
Pese a que habían solicitado una audiencia con el fiscal general Jorge Winckler Ortiz para conocer el motivo de sus despidos, en la FGE les impidieron el paso más allá de la recepción y el área de recursos humanos, argumentando que el abogado del estado no se encontraba.
Reprocharon que en medio de la situación de violencia que ha alcanzado a la procuración de justicia, en lugar de buscar medidas de protección a las mujeres, se les esté desplazando a zonas alejadas de sus familiares en el mejor de los casos, y en otros, corriéndolas sin motivo aparente.
“Realmente son excesivos los cambios, violentando nuestros derechos humanos principalmente que somos especializadas y defendemos a las mujeres; hemos pedido el apoyo porque lo necesitamos, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados a que nos corran, a que nos humillen, nos violenten la dignidad humana”, agregó Mejía.
Nora Lilia Castillo Alonso, fiscal que estaba al frente de la cuarta en Veracruz y que fue notificada de su traslado a Pánuco recriminó que no existe garantía alguna de que no le pueda suceder una situación como la que pasó la fiscal asesinada a principios de la semana.
“Es preocupante, finalmente somos mujeres y nos preocupa la situación que se está viviendo”, señaló.
Advirtieron que de no respetar sus derechos humanos, actuarán conforme les permita la ley, y de ser posible se ampararán contra los actos de la FGE y el mismo fiscal general.
GABRIELA RASGADO.
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