Justo en la zona donde los policías realizaron el corte a la circulación para impedir que más familiares llegaran a la zona de conflicto había una colina, ahí se colocaron los familiares, observando a lo lejos las altas torres y bardas alambradas del penal.
Pasaron horas ahí de pie, por momentos reclamaban a los policías, les pedían a gritos poder entrar, sin embargo, nada pasaba hasta que a la 1 de la tarde, un elemento caminó hasta donde se hallaban las personas y les dijo que se había aprobado el paso.
Sin embargo, una hora antes, el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, ya había salido de las instalaciones del penal, para platicar con los familiares que se encontraban fuera desde la noche anterior.
Caminaron casi dos kilómetros, muchos cargando morrales llenos de alimentos; frijoles, tamales, caldos, que pretendían llevar a sus familiares; todo tuvo que volver a casa, pues no se permitió el paso a nadie.
Los familiares estaban ansiosos, exigían información a los policías, sabían que había internos heridos, incluso, muchos hablaban de muertos. Pero de nuevo, tuvieron que esperar, por lo menos más de media hora, hasta que salieron dos custodios, con una gorra, apretujándose entre el gentío que se había aglomerado en la reja.
Pegaron dos hojas oficio en una pared; de inmediato, una voz se levantó sobre las otras, era una mujer, que comenzó a leer los nombres. Las reacciones no se hicieron esperar, y los familiares de los heridos soltaban pequeños gritos o expresiones de preocupación.
Siete de ellos se hallaban en el área de enfermería del penal, sin embargo seis más, están internados en el Hospital de Yanga. Sus heridas eran un poco más delicadas.
El acceso al penal a la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue restringido desde la noche que iniciaron los hechos, hasta casi las 2 de la tarde.
“Déjenlos pasar, ellos tienen la ley de su lado, déjenlos pasar, queremos saber si nuestros hijos están bien”, gritaban los familiares desde el otro lado de la reja.
Las súplicas pasaban de palabras amables a los policías hasta acusaciones fuertes: “por eso los matan, por cabrones, a ver quién les llora cuando los asesinen”, gritaban desesperados al no obtener respuestas.
Manuel Antonio Sánchez Hernández delegado regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Córdoba, aseguró que la respuesta de las autoridades a su solicitud de acceso desde la noche anterior fue que por su integridad no podía acceder.
Sin embargo, reconoció que desde hacía varios meses llegaban quejas sobre las condiciones de los presos en el Penal de la Toma; acusaciones sobre cobros, corrupción y abusos.
Incluso el padre de Enrique “N”, uno de los Porkys de Costa de Oro; Felipe Capitaine, llegó con su esposa al sitio, vitoreado por el resto de los familiares que sí lo ubican por las visitas constantes que realiza al penal.
“Él sí tiene poder”, “seguro si lo dejan pasar”, gritaban entre aplausos. Pero no fue así.
Las amenazas subían de tono por momentos, en el momento más álgido, la reja fue azotada con tal fuerza, que los familiares lograron desprender parte del alambrado en la parte superior y uno de los agarres.
Amenazaron con quemar las patrullas, luego con irse a bloquear las carreteras de cobro, en pleno regreso de la temporada vacacional, para que se les permitiera entrar a ver a sus familiares.
Fue hasta casi las 4 de la tarde cuando el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié salió del penal. Todos los familiares que se habían desperdigado en la zona corrieron de nuevo al acceso principal.
Téllez Marié intentó calmarlos; pero se enfrentó en varias ocasiones a un par de familiares enojados, entre ellos, la madre de Enrique “N”, quien le espetó “usted no sabe quién soy yo”, mientras el secretario respondía “no señora, no lo sé”.
No se permitió el acceso, a cambio, Téllez Marié leyó durante largo rato los mensajes seguidos de las firmas escritos por los internos para sus familiares. Sólo así calmaron los ánimos, sin embargo nadie quedó contento.
Será el próximo jueves, el siguiente día de visita, cuando los familiares de nueva cuenta intenten ver a los internos. Sin embargo, el Secretario de Seguridad Pública ya habría dejado entrever, que no existen garantías de que para esa fecha, ya se pueda acceder al penal, en el que siete personas - seis de ellos policías - murieron asfixiados, cuando un grupo de reos armados con herramientas de carpintería, quemaron colchones y se amotinaron para impedir el traslado de cuatro internos del crimen organizado. | 
