La madrugada del 19 de mayo de 2018, 40 carros y cuatro locomotoras de un tren que se dirigía de Veracruz a Puebla se desprendieron del convoy y se deslizaron pendiente abajo a lo largo de 10 kilómetros.
Sin control, más de 6 mil toneladas se impactaron con otro tren que estaba a punto de salir de Orizaba rumbo al Valle de México.
Grupo México Transportes, concesionaria del ferrocarril, aseguró desde el momento mismo del accidente que éste fue resultado de un acto de sabotaje.
El entonces gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, puso en duda desde el primer momento la versión de la empresa.
"Si no fue sabotaje haremos un llamado realmente muy enérgico a la empresa Ferrosur para que no vuelva a pronunciarse sobre un hecho de esta naturaleza sin antes tener la evidencia o la certeza de que fue realmente un sabotaje o un accidente", dijo Miguel Ángel Yunes.
A ocho meses del accidente, el gobierno federal descartó el sabotaje y estableció que la responsabilidad fue de Ferrosur, específicamente de la tripulación del tren que perdió sus vagones.
En el dictamen, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establece que ninguno de los trabajadores de Ferrosur entrevistados, declararon haber visto a personas ajenas o extrañas a bordo del tren durante su recorrido.
Por lo que la hipótesis de sabotaje no encontró sustento.
Y se queja de que no obtuvo apoyo de parte de la empresa para realizar un análisis más detallado y tener resultados más contundentes respecto a la división del tren.
La autoridad determinó en el dictamen que el siniestro tuvo un origen multifactorial, pero al final todos relacionados con ineficiencias, descuidos y omisiones de la tripulación del tren.
El choque de trenes dejó 6 heridos, un muerto y 312 millones de pesos en pérdidas para la empresa Ferrosur.
Fuente, Excélsior |
