Los ataques y descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), se han transformado en iniciativas y reformas que tienen la clara intención de limitar y condicionar el financiamiento de dichas organizaciones. Primero se trató de una iniciativa para reformar la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que permaneció en trámite en el Senado y se señala que las organizaciones generan un costo importante para la recaudación y carecen de regulación sobre el uso de sus recursos. Además, señala que “el financiamiento ha sido la herramienta más útil y eficiente que han tenido los gobiernos del exterior para consolidar su intervención en asuntos políticos y electorales en México”. Ahora, como parte del Paquete Económico 2022, se incluyen cambios en la ley del ISR que limitarán de manera sustantiva la deducibilidad de donativos y disminuirá los recursos que las OSCs podrán recibir para su operación.
Este discurso ignora la dinámica de financiamiento y funcionamiento de la sociedad civil y desconoce que ya existen y se aplican múltiples mecanismos y normatividades para la fiscalización de las actividades de las organizaciones no gubernamentales. Antes de presentar estas iniciativas, el Congreso de la CDMX aprobó ya una reforma con el mismo propósito y, ahora, se prevé una reforma a la Ley de Impuesto Sobre la Renta para desincentivar las donaciones a las OSCs.
Las reformas no aumentan la transparencia y vigilancia de los donativos, puesto que las OSCs ya reportan cada ingreso y gasto al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y están sujetas a procesos de fiscalización para demostrar el uso de los recursos responden a su objeto social. Por otro lado, los incentivos fiscales para los donantes de las organizaciones no gubernamentales representan un pequeño beneficio en comparación con lo que aportan y la importancia de las labores que realizan.
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