Cd., de Veracruz, VER, a 2 de Diciembre de 2021.
- Cuitláhuac García Jiménez
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
- Congreso del Estado.
- Dip. Cecilia Josefina Guevara Guembe Presidenta de la mesa directiva del Congreso del
- Namiko Matzumoto Benítez
Estado.
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado
de Veracruz. PRESENTE.
Ante los abusos y violaciones de derechos humanos que se han venido y se vienen cometiendo en agravio de la ciudadanía veracruzana, con motivo del delito de ultrajes a la autoridad previsto y sancionado por el artículo 331 del Código Penal para el Estado el cual fue aprobado por la legislatura de ésta entidad.
Los distintos Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, previo análisis del precepto legal, consideramos que éste es resultado de un exceso legislativo que la sociedad veracruzana no merece, puesto que la figura que se consideral como delito grave y que actualmente amerita prisión preventiva oficiosal se está aplicando por los cuerpos policiacos con exceso y como una medida represiva y violatoria de los derechos humanos, del principio de inocencia y del debido proceso en agravio de la población.
En consecuencia, se propone al Congreso del Estado de Veracruz ABROGAR éste delito o en su defecto cambiar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por una menos lesiva que permita al imputado enfrentar su proceso en libertad.
Teniendo nuestra petición como exposición de motivos, el exceso, el abuso y la violación de derechos humanos que los agentes policiacos de las diversas corporaciones están ejerciendo en agravio de los ciudadanos de la entidad veracruzana, bajo el argumento y la falsa justificación del cumplimiento de un deber legal.
Atentamente
Dr. Gilberto Farías Morales
Presidente
Colegio Nacional de Abogados Penalistas A.C.
Mtro. Mario Alberto López De Escalera Hernández
Coordinador General De Delegaciones
Del Colegio Nacional De Abogados Penalistas A.C.
Con ello, esperan garantizar las libertades constitucionales, la seguridad de los ciudadanos y el correcto uso del ejercicio del poder en beneficio del estado y la población.
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