Este 29 de septiembre, Día Nacional del Maíz, la diputada Gisela López López anunció que prepara una iniciativa con proyecto de Ley de Protección, Conservación y Fomento del Maíz Nativo del Estado de Veracruz, la cual tendrá como objetivos específicos declararlo patrimonio alimentario, impulsar programas sustentables y promover la conservación de las razas propias de la entidad.
Durante su intervención en tribuna durante la Sexta Sesión Ordinaria, la legisladora dijo que su propuesta también buscará impulsar la productividad como medio para garantizar el derecho a una sana alimentación; impulsar el mejoramiento del maíz nativo, eliminando las sustancias químicas y sustituyéndolas por biofertilizantes orgánicos; la creación de bancos regionales de semillas y el impulso de políticas públicas que faciliten la creación de empresas comunitarias.
La Diputada anunció que el anteproyecto de iniciativa será compartido con especialistas en la materia, productores, investigadores, integrantes de asociaciones civiles y con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), a través de mesas de trabajo, para perfeccionar el contenido de la iniciativa y que esté acorde con las necesidades específicas de la entidad.
|
Previamente, la legisladora dijo que en México, y en particular Veracruz, el maíz no solo tiene una importancia de carácter alimentario, sino también cultural, por lo que forma parte de la idiosincrasia del pueblo y "no es solo un producto material, sino un eje simbólico que articula la memoria colectiva de los pueblos originarios". Consideró que el maíz nativo corre el riesgo de desaparecer, lo que pondría en peligro del derecho a la alimentación.
Por último, calificó como logro para el pueblo mexicano que el 13 de abril de 2020 haya sido publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, que tiene como objetivos: declarar las actividades de producción, comercialización y consumo de dicho producto como manifestación cultural, declarar como obligación del Estado garantizar el derecho humano a la alimentación y establecer mecanismos institucionales para su protección y fomento. |
