Cortesía del periodista Irineo Pérez Melo.- Más de 120 denuncia interpuestas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía Anticorrupción, desafortunadamente por no tener este organismo facultades, no puede darle seguimiento, lo que ha ocasionado que el presunto daño patrimonial estimado en más de 30 mil millones de pesos no puedan ser recuperados y quiénes incurrieren en ese delitos siguen impunes.
Lo anterior fue informado por el diputado local petista Ramón Díaz Ávila, integrante de la Comisión de Vigilancia del LXVI Legislatura del Congreso del Estado, quien dijo que son más de 160 ayuntamientos veracruzanos, dependencias estatales y organismos descentralizados los que enfrentan estás denuncias por el presunto daño patrimonial.
Mencionó que estás carpetas de investigación fueron integradas de los ejercicios de la cuenta pública de los años 2017 a 2020 y por no estar establecido en la ley el dar seguimiento a estás denuncias, el Orfis ni el Congreso del Estado pueden darle seguimiento, por, por lo que la Comisión de Vigilancia está planteando modificar la ley vigente en la materia y darle facultades al Orfis para darle seguimiento a las denuncias presentadas.
En entrevista, el legislador local petista sostuvo, ya que hasta el momento solo presenta la denuncia ante la fiscalía y si está no da el reporte, el Orfis no puede dar seguimiento a esas denuncias y hasta el momento los únicos facultados para pedir dicha información son los diputados de los mas de 120 casos que están en manos de la FGE.
Por tal motivo, adelantó que en la reunión que tendrían los integrante de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado con la titular del Orfis, “se está formalizando el ir (quienes integran esta comisión) de ir ante la FGE y la Fiscalía Anticorrupción para resisar el estatus de cada una de las más de 120 carpetas de investigación de presunto daño patrimonial”.
Está acción, dijo, se deriva porque ni el Orfis sabe cuál fue la medida que pudo haberle aplicado a los exfuncionarios públicos implicados en estos casos desde el 2017 al 2020, al tiempo que dejó en claro que en esos casos no se está protegiendo a ningún partido político, porque todos tienen observaciones.
Por último, Expuso que tan solo de la Cuenta Pública de 2021, cerca de 150 municipios tienen observaciones en este momento que están subsanando, todavía no llegan al tema de que se tipifique por parte del Orfis como presunto delito, pero de los más de 120 que ya están en la FGE ni el Orfis ni el Congreso sabemos el estatus de cada una de esas denuncias.
De esos casos, hay municipios que son recurrentes (como es el caso de Altotonga que tiene siete carpetas de investigación); en la que sus auditores o despachos externos, son los que solapan este tipo de situaciones, incluso, hasta falsificaron documentos, por lo que se les permitió seguir prestando sus servicios a los ayuntamientos, pero es un tema de mucha corrupción y de daño patrimonial que alcanza los más de 30 mil millones de pesos de presunto daño patrimonial, concluyó. | 
