Agregó que se ha trabajado como nunca antes entre los miembros de la Comisión, “sin colores partidistas ni intereses personales, pues ha prevalecido un diálogo franco que tiene como finalidad conocer la manera en que los entes fiscalizables administran los recursos”.
Asimismo, puntualizó que la revisión del Informe implica una exhaustiva revisión técnica que tiene como objetivo cumplir con las disposiciones de Ley, por lo que exhortó a sus compañeros de la Comisión y a la titular del Orfis a no politizar los resultados y recordó que existen instancias para aclarar cualquier observación, “en caso de hallar, les recomiendo apoyarse en pruebas para evitar que la atención sobre algún asunto tome una dirección distinta, ya que finalmente a quien va a afectar es a Veracruz y a las instituciones”.
Por otra parte, informó que a la fecha han realizado 19 reuniones, de las cuales, en su mayoría, participó el Orfis, apoyado en su equipo de colaboradores, “a quienes les reconocemos su capacidad y responsabilidad profesional para explicar a detalle cualquiera de las dudas y tomar nota de todas las opiniones”.
Por último, indicó que tal como lo dispone la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas revisarán a detalle y cuidado el Informe de Resultados para garantizar que la Cuenta Pública 2022 sea clara y confiable, así como contar con los elementos suficientes para proponer, en su caso, la aprobación en la fecha que establece la normatividad en la materia.
La auditora Delia González dijo que los Informes que presenta describen de manera objetiva los hallazgos determinados, así como las observaciones y recomendaciones formuladas a los entes fiscalizables, en apego absoluto a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad que la fiscalización superior exige.
Ante las diputadas y diputados, explicó que se eligieron 312 Entes Fiscalizables, más la Cuenta Pública Consolidada del Poder Ejecutivo, a los cuales se les practicaron mil 230 auditorías, revisiones y evaluaciones, de las que 619 corresponden a auditorías integrales y 611 a evaluaciones de cumplimiento en materia de legalidad y desempeño, de participación ciudadana, así como revisiones en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera.
Concluido el proceso de fiscalización, aseveró la Auditora, se determinó un presunto daño patrimonial por un importe de mil 546 millones 610 mil 792 pesos, a través de mil 382 observaciones.
Lo anterior, desglosado de la siguiente manera: de los entes estatales, 31 presentan irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un monto de 166 millones 596 mil 635 pesos; 59 presentan inconsistencias de carácter administrativo y/o recomendaciones, y uno sin observaciones ni recomendaciones.
De los entes municipales; 195 municipios presentan irregularidades que presumen daño patrimonial por mil 348 millones 611 mil 249 pesos; 17 municipios presentan inconsistencias de carácter administrativo; 10 entidades paramunicipales registran presunto daño patrimonial por un monto de 31 millones 402 mil 907 pesos, y seis entidades paramunicipales solo presentan inconsistencias de carácter administrativo.
Detalló que se determinaron reintegros por 36 millones 28 mil 308 pesos; de los cuales 31 millones 860 mil 805 pesos corresponden a 148 municipios; 3 millones 673 mil 237 pesos a 4 entidades paramunicipales y 494 mil 265 pesos a 18 entes estatales.
A este acto asistieron las diputadas Perla Eufemia Romero Rodríguez y Lourdes Juárez Lara, así como los diputados Paul Martínez Marie, Fernando Arteaga Aponte, Othón Hernández Candanedo, Luis Antonio Luna Rosales y Ramón Díaz Ávila, todos en calidad de vocales de la Comisión de Vigilancia. Posteriormente, la Comisión y la Auditora realizaron la entrega respectiva a la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Margarita Corro Mendoza.
Cabe destacar que el órgano fiscalizador realizó en tiempo y forma la entrega del Informe y este 3 de octubre se realizó el acto protocolario, a fin de ampliar la información a los medios de comunicación y a las y los diputados. | 
