Manifestó que, además de delitos comunes como el robo de urnas o no instalación de Mesas de Casilla, se identifican acciones relacionadas con obligar a los servidores públicos a participar en la promoción de un candidato con la consigna de mantener su trabajo.
“No se les puede obligar a hacer actividades con fines electorales. Todas las personas pueden estar cometiendo delitos electorales y la Fiscalía está comprometida con la prevención del delito electoral, existe cero tolerancia para los delitos electorales”,
Detalló que las dependencias a su cargo únicamente atienden delitos electorales federales, y los delitos electorales del fuero común debe investigar los el Estado. “La ley contempla que si en algún momento existe una confusión de delitos prevalecerá el delito federal y se tendrá que investigar.
En ese tenor, sostuvo que primero se debe pasar por la vía administrativa electoral, antes de la comisión de un delito; se debe analizar la vía electoral y se debe acudir al Organismo Público Local Electoral (OPLE) para la presentación de una queja por promoción personalizada, donde se determinará, con una investigación, si se están utilizando recursos públicos; tras ello, se iniciará un procedimiento electoral sancionador o ante la Fiscalía para que se realice la investigación”, abundó.
Reiteró que quienes están dedicadas a la política conocen la ley, por lo que cuando existen violaciones a la misma se puede considerar que éstas son predeterminadas.
“El político o política cuando asume un cargo de elección popular conoce o debe conocer la reglamentación electoral, la cual señala el tema penal y administrativo, tal vez no conocen los alcances, pero saben que llevarse una urna (electoral) es un delito electoral, se debe tener bien claro que los delitos electorales son dolosos y, por tanto, se persiguen de oficio, es decir, no existe el perdón ante el Ministerio Público, sino que éste determinará si existe una acción penal”.
Aludió que este tipo de acciones se pueden evitar en todos los niveles, sobre todo al considerar que se puede llegar a la cárcel en caso de cometerlos.
Citó como ejemplo que aquel funcionario o presidente de Mesa de Casilla que no la instale sin una justificación legal está incurriendo en una falta administrativa o un delito electoral, y saben que incurren en un delito electoral y saben que se castigan con multa o privación de la libertad, dijo, por último.
| 
