La diputada Ruth Callejas Roldán presentó a la Diputación Permanente un Anteproyecto con Punto de Acuerdo, por el que exhorta al Ayuntamiento de Xalapa y a las 211 administraciones municipales restantes para que adecuen sus Bandos de Policía y Buen Gobierno con la finalidad de establecer la autoridad competente encargada de calificar las faltas administrativas.
Lo anterior, tendría que realizarse de acuerdo con el Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los Municipios de México, emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Escuchando en todo momento al ciudadano para que tenga una defensa digna, donde se funde y motive el acto administrativo.
En la cuarta sesión ordinaria, la legisladora Callejas Roldán expresó que la brutalidad policial se ejerce bajo la sombra de la impunidad por la inoperancia de las autoridades encargadas de investigarla y sancionarla, como demuestra el documento Policía Mexicana: brutalidad sin límite, que forma parte del proyecto piloto de periodismo de investigación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
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En su exposición en Tribuna, ejemplificó que los policías estatales o municipales abusan de la ciudadanía en la implementación del programa de alcoholimetría, siendo que en diversas ocasiones a las personas no les realizan la prueba al momento de ser abordadas, “hacen las detenciones por presentar aliento a alcohol e inclusive detienen a acompañantes, además de pedir el servicio de grúas, las cuales hacen cobros excesivos en el arrastre y liberación de las unidades”.
Por consiguiente, expuso la Diputada, los ciudadanos detenidos, para el caso de Xalapa, llegan al cuartel de San José, donde los dejan incomunicados, les restringen el derecho a una llamada y el médico de guardia no certifica los grados de alcohol que presentan al momento de la detención.
Asimismo, indicó que el colectivo Resistencia Ciudadana Xalapeña ha documentado diversas conductas irregulares y ha presentado al Ayuntamiento de Xalapa las denuncias en distintas ocasiones, "habiendo una total negativa, con el argumento de falta de facultades y de un convenio celebrado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y el Ayuntamiento, teniendo como resultado flagrantes omisiones en la protección de los derechos humanos de las personas que son detenidas arbitrariamente".
La representante popular se pronunció porque los Bandos de Policía y Buen Gobierno de los municipios de Veracruz transiten al citado Modelo Homologado, con la finalidad de facilitar y mejorar la convivencia en las comunidades y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia.
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