El estudio sostiene que la ineficacia institucional en materia de procuración e impartición de justicia se acumula y forma una cadena en las distintas fases del proceso: desde la comisión del delito, la integración de un expediente, la investigación, la posible sentencia del inculpado y la reparación del daño a la víctima.
Por ello, la investigación arroja que en el país sólo siete de cada 100 delitos cometidos se denuncia. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2013, indican que la cifra negra alcanzó un porcentaje no menor al 92.8 por ciento.
Actualmente del total de los delitos consumados sólo 4.46 por ciento llegan a una sentencia condenatoria; la impunidad entonces es mayor, está en los márgenes de 99 por ciento, puesto que 1 por ciento de los delitos son castigados.
Ante este escenario, las 25 entidades con mayores niveles de impunidad dejan ver un halo de complicidad institucional por parte de las autoridades, que sumadas al papel de comparsa de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, agravan más la crisis institucional.
El mismo estudio refiere que 13 entidades enfrentan un grado de impunidad muy alta o elevada, casos como el de Quintana Roo con 76.61 puntos; Estado de México 76.48, Baja California 74.42; Durango 73.97 puntos; Tamaulipas 73.38; Guerrero 73.19; Coahuila 72.93; Yucatán 72.80; Veracruz 72.38; Querétaro 72.24; Nuevo León 71.63; Oaxaca 71.63 y Baja California Sur 70.74 confirman la veracidad del estudio.
Bajo esta premisa el abogado penalista y ex secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Gabriel Regino García entrevistado por este reportero refiere que México está ante una encrucijada, puesto que se convierte en indispensable el sanear a las instituciones mexicanas, ante la creciente ola de desconfianza social, la nula gobernanza y más aún la presencia de un estado fallido, que apremia a cambiar la estrategia a efecto de recomponer el estado de cosas que no funcionan en el país.
Regino García apunta que se está ante la necesidad de refundar al Estado Mexicano, y hacerlo con castigos y sanciones ejemplares para aquellos que defraudaron la confianza de una nación cansada de tanto abuso e impunidad.
Habrá que observar con atención las consecuencias de este estudio que vierte un índice con al menos 16 recomendaciones claves para revertir este fenómeno, como implementar un verdadero sistema de profesionalización de las instituciones de seguridad en el ámbito local.
Riesgoso será ante tal crisis el nuevo sistema de justicia penal pudiera fracasar si los elementos operativos y administrativos de seguridad locales no están debidamente capacitados.
El también titular del Despacho Jurídico REGINO, ABOGADOS afirma que habrá de revisar la autonomía, capacidades y funcionamiento de las instituciones de justicia de los estados; garantizar la autonomía de las fiscalías; evaluar las capacidades y funcionamiento del actual sistema penitenciario, así como la autonomía de las Comisiones de Derechos Humanos de cada entidad.
El reto es grandísimo y el riesgo es mayor, quedará ahí la pregunta, ¿debemos refundar al Estado Mexicano? ¿Si? o ¿no?
Al tiempo.
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