Pero no sólo esa falta de resultados es la que ha llevado al descrédito al ORFIS, sino que en este caso específico también levanta escozor el comparar esos 940 millones de pesos denunciados contra las frecuentes, impactantes y escandalosas cifras que han dejado saber el Auditor General de la Federación, Juan Manuel Portal; lo que ha publicado el Portal “Animal Político”; y sobre todo las confirmaciones públicas del ex titular del SAT, Aristóteles Núñez. Estas cifras, que ascienden a miles de millones de pesos, opacan por mucho, las tibias e insulsas denuncias del ORFIS por 940 sencillos millones.
Pero entre todas las suspicacias levantadas, la pregunta que más ha permeado entre la clase política veracruzana es, ¿Eso fue lo único que fue capaz el ORFIS y no encontrar más en los casi 600 mil millones de pesos que ha tenido de Presupuesto el Gobierno del Estado en los últimos 6 años?… En sus auditorías, ¿Ni Mauricio Audirac Murillo, ni Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, pudieron detectar algo más? ¿De verdad los funcionarios prefirieron meterle el diente sólo a los recursos federales y respetaron los estatales?
Además, para incrementar aún más la suspicacia, el ORFIS no aportó datos precisos de los ex funcionarios implicados y todo lo deja a la imaginación de la clientela. Solo se menciona que los involucrados formaron parte de la Secretaría de Protección Civil, de Desarrollo Social y de la Secretaria de Educación de Veracruz, dejando en picota y para el escarnio público a los ahora diputados federales: Noemí Guzmán Lagunes, Jorge Carvallo Delfín y Adolfo Mota Hernández.
La información proporcionada por el ORFIS resultó a todas luces ambigua y superficial. Sin embargo, se pudo saber que: Efectivamente, las dependencias involucradas en los faltantes no solventados son Sedesol, Protección Civil y la SEV, pero en las letras chiquitas aparece la Oficialía Mayor como la mayormente involucrada en los faltantes de esta última dependencia.
Por otro lado, en cuanto a la temporalidad y períodos en los que se concentra el 100% de los faltantes, se trata de un periodo no tan amplio (2007-2016) como el que inicialmente se dijo, sino otro mucho más corto que solo involucra los ejercicios del 2012 y 2013.
En esos dos periodos, los titulares de la dependencia que liberó y ministró los recursos (SEFIPLAN) y la que debió auditar y vigilar preventivamente el correcto ejercicio de los mismos (Contraloría) fueron:
Secretaría de Finanzas y Planeación:
Tomás Ruiz González (1 de diciembre 2010 - 7 de marzo del 2013),
Salvador Manzur Díaz (7 de marzo 2013 - 12 de agosto 2013),
Fernando Charleston Hernández (12 de agosto 2013 - 21 agosto del 2014).
Contraloría del Estado:
Iván López Fernández (1 de diciembre 2010 - 10 octubre 2013),
Mauricio Audirac Murillo (10 octubre 2013 - 21 julio 2014).
Mientras que los funcionarios que despachaban en el período señalado en las dependencias señaladas por el ORFIS eran:
Secretaría de Desarrollo Social:
Marcelo Montiel Montiel (1 diciembre 2010 - 12 agosto 2013),
Alberto Silva Ramos (12 de agosto 2013 - 20 febrero 2014),
Secretaría de Protección Civil:
Noemí Guzmán Lagunes (1 diciembre 2010 - 9 enero del 2015),
Secretaría de Educación de Veracruz:
Adolfo Mota Hernández (1 diciembre del 2010 - 5 de enero 2015)
Oficialía Mayor de la SEV:
Edgar Spinoso Carrera (11 de julio 2011 - 12 de marzo del 2014)
De lo anterior se desprende que los funcionarios que podrían estar involucrados principalmente en las denuncias penales radicadas en la Agencia Séptima de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción Cometidos por Servidores Públicos, presumiblemente son:
Presuntos corresponsables: Tomás Ruiz González, Salvador Manzur Díaz, Fernando Charleston Hernández, Iván López Fernández y Mauricio Audirac Murillo.
Presuntos responsables: Marcelo Montiel Montiel, Alberto Silva Ramos, Noemí Guzmán Lagunes, Adolfo Mota Hernández y Edgar Espinoso Carrera. Y, en mayor o menor medida, resultarían muchos más entre directores generales, directores de área, subdirectores, jefes de departamento, Jefes de Unidades Administrativas, contralores internos y auditores.
Todo lo anterior, precisamente por lo ambiguo que se comunicó el tema, el ORFIS, dejó demasiadas preguntas en el aire:
Las 95 denuncias contra “quién o quienes resulten responsables por la malversación de 2 mil 121 millones de pesos” que anteriormente presentó el ORFIS, ¿Qué suerte corrieron?
Estas nuevas denuncias por 940 millones malversados ¿Correrán la misma suerte y se convertirán en nuevas balas de salva, petardos sin pólvora?
Es su oportunidad don Lorenzo Antonio Portilla Vázquez… ¡Sorpréndanos! Lávese la cara antes de irse a dormir.
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