¿Alguien nos dará una explicación, pues finalmente se trató de dinero producto de nuestros impuestos? ¿Cuánto le tocó a cada uno de los diputados que recién se fueron?, pregunté.
Comenté que Serafín, según la fuente, andaba muy preocupado porque esos 75 millones estaban contando del presupuesto de 2016 y no daban los números para cumplir con los compromisos de fin de año como pagos, prestaciones y aguinaldos de diciembre.
Ayer, en su conferencia de prensa para fijar su postura ante el aumento al precio de las gasolinas, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares confirmó que autorizó un incremento de 75 millones de pesos a la nueva Legislatura para que pudiera hacer frente a los compromisos de fin de año ya que cuando entraron en funciones los nuevos legisladores se dieron cuenta que el presupuesto anual ya había sido aplicado en su totalidad por quienes los antecedieron.
También ayer, el actual presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández Hernández, informó que esta semana se contratará al despacho que se encargará de auditar ese sobreejercicio de 75 millones de pesos que dejó la LXIII Legislatura y que se podrán fincar responsabilidades a funcionarios y exfuncionarios del Congreso local.
No le deben hacer tanto al ensarapado y gastar una millonada en un despacho cuando hay escasez de recursos. Lo único que tienen que hacer es llamar a cuentas a Serafín, que ahí lo tienen a la mano, a quien sus amigos le están sugiriendo que “suelte la sopa” y que no cargue con la responsabilidad, ya que si bien él era el responsable del manejo de los recursos, sólo obedeció órdenes.
Lo único que tiene que hacer Serafín es confirmar que esos 75 millones de pesos se destinaron indebidamente al pago de marcha de los anteriores diputados, pues incluso bien sabe que hay un documento autorizando la anomalía firmado por los entonces coordinadores de las bancadas –lea usted que chulada de nómina– Juan Nicolás Callejas Arroyo, del PRI y de la Junta de Coordinación Política; Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, del PAN; Jesús Alberto Velázquez Flores, del PRD; Juan Eduardo Robles Castellanos, del PVEM; y Jaqueline García Hernández, del Panal.
Para no hacer distinciones y suponiendo que se repartieron parejo, entonces a cada angelito de los 50 que eran le tocó ni más ni menos que la friolera de millón y medio de pesos libres de polvo y paja, más su sueldo, más su aguinaldo proporcional que se pagaron, más lo que dicen ellos que tenían en un fondo de ahorro, así que mínimo se debieron haber llevado cada uno dos millones de pesos. De ahí para arriba.
¿Saben cuando van a ir a parar a la cárcel? ¡NUNCA! Todos se tapan con el mismo manto de la corrupción, mientras los pobres trabajadores están pagando sus abusos y pillerías porque los están despidiendo con el pretexto de que no hay dinero y hay que ajustar el presupuesto para pagar el déficit previsto para este año de 21 mil millones de pesos. Por eso cómo no indignarse ante tanta impunidad y tanta injusticia.
Seguramente se hará la auditoría y se confirmará el abuso, el desvío de recursos, pero el resultado se dejará para ser utilizado en caso necesario, esto es, para cuando alguno de los implicados se quiera poner gallito y no apoye el proyecto electoral de los panistas para 2017 y 2018. Si alguien se pone al brinco, entonces le harán efectiva la denuncia. A todos los tienen agarrados de donde ya todos se imaginan.
Ahora se entiende mejor porque le aprobaron todo a Duarte: porque ellos también formaban parte de su “banda”. | 
