Alberto Elías Beltrán, a la sazón subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales y actualmente encargado de la PGR ante la renuncia de su titular Raúl Cervantes Andrade, dijo en abril de aquél año que la esposa de Duarte y sus familiares fueron dejados en libertad porque “(Karime Macías) no tiene ninguna solicitud para una detención con fines de extradición.”
“Están libres, no tienen ninguna situación de enfrentar la justicia mexicana, entonces ellos pueden moverse libremente en México”, declaró Elías Beltrán en la conferencia de prensa que ofreció en la Embajada de México en Guatemala.
¿Por qué la Fiscalía General de Veracruz no solicitó en aquella ocasión a la PGR que se detuviera también a la esposa de Duarte, si desde un par de meses antes, en febrero de 2017, ya había recibido una denuncia de hechos en contra de la ex presidenta del Sistema Estatal del DIF por el presunto desvío de 41 millones de pesos durante el primer año de la administración duartista?
Según dicho expediente, la institución utilizó el sistema de licitaciones para otorgar durante 2011 contratos a seis empresas que sólo existían en el papel: Grupo Balcano, Pefraco, Ravsan Servicios-Múltiples, Abastecedora Romcru, Centro de Recursos de Negocios Cerene y Anzara.
Aparentemente, el dinero entregado a esas empresas fantasmas fue para comprar sistemas de purificación de agua, estufones, tanques de gas, mochilas escolares, material deportivo y granjas ecológicas, entre otros productos de los que la nueva administración del DIF no encontró evidencias que comprueben su adquisición, según la denuncia presentada desde febrero de 2017 ante la FGE. |