La difusión en redes sociales de un video captado por una cámara de seguridad (a la que, presumiblemente, sólo tiene acceso la autoridad) exacerbó los ánimos y provocó que arreciaran las protestas contra el gobierno estatal, por su deficiente desempeño en su obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Los hechos habrían ocurrido el pasado viernes 14 de septiembre, en Boca del Río, y la madrugada de este martes la Fiscalía General del Estado dio a conocer, a través de los dos medios de comunicación a los que recurre en forma cotidiana (Notiver y XEU) que ya había sido rescatada la joven y que como consecuencia del operativo había cuatro personas detenidas.
¡Excelente noticia! Pero… ¿Y el debido proceso?
Este mismo martes el abogado Fidel Ordóñez llamó la atención sobre graves errores cometidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) y en especial por su titular, Jorge Winckler, quien se encargó de difundir que él personalmente encabezó el operativo de rescate de la estudiante.
Este jurista, de amplia experiencia, que ya en algún momento fungió como subprocurador de justicia en la entidad, se dijo extrañado de la “urgencia terrible”, que mostró la autoridad para dar a conocer la liberación de la víctima y la captura de los supuestos secuestradores, lo que habría provocado que no tuvieran el cuidado que dispone la ley de mantener los nombres en secreto pues de lo contrario se violan sus derechos humanos y sus garantías individuales. Lo más preocupante, dijo, es que se hayan publicado los nombres completos de los detenidos, lo mismo que sus fotografías sin cubrirles el rostro.
“Eso es indebido y no es tanto la violación al debido proceso como una violación grave, es un tema de protección personal de datos que establece la Constitución General de la República en beneficio de todos los ciudadanos”, explicó.
Y no se trata de una falta menor. En opinión de Fidel Ordóñez, existe la posibilidad de que los presuntos secuestradores salgan en libertad por fallas en el proceso, debido a que al haber una violación tan grave en el procedimiento habitualmente en materia federal por la vía del amparo se puede conseguir que los imputados sean puestos en libertad, con el argumento, muy sólido, de que no se respetaron sus derechos humanos.
Llama la atención que en las crónicas originales de este operativo se destaque que uno de los presuntos secuestradores, exnovio de la víctima, trabajaba en el ayuntamiento de Coatzacoalcos (y mencionan el nombre del actual alcalde) y tenía una relación muy cercana con la síndica única de aquel ayuntamiento, de la que también difunden su nombre.
Son datos que -hasta el momento y salvo que los fiscales encuentren una vinculación con el delito que investigan- resultan irrelevantes y muestran un interés por agraviar a servidores públicos que representan a una fuerza política distinta a la que hoy gobierna el estado.
Resaltar que “el Fiscal General personalmente encabezó el operativo”, y que alguno de los presuntos secuestradores estaría vinculado laboralmente con un ayuntamiento de oposición, son dos muestras de que la información sobre este caso fue manipulada y, por lo tanto, carece de veracidad.
¡Qué lástima!
¡Por fin una les había salido bien!
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