En el texto enviada a la Presidencia del Poder Judicial, los consejeros hacen referencia al oficio 0168/20 que les hicieran llegar desde la oficina de la magistrada Sofía Martínez, apenas el pasado lunes 21 de septiembre, documento que –afirman- está plagado de “falacias”.
Niegan los consejeros que existan 13 actas de sesiones extraordinarias del Pleno del Consejo de la Judicatura que se encuentren “en proceso de firma” por parte de los consejeros; niegan que exista autorización para transferir recursos “por cambio de capítulo, del Tribunal al Consejo”, y rechazan que el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo del 2020 le autorice a realizar adquisiciones sin tomar en cuenta al Consejo de la Judicatura.
Y advierten:
“De los puntos anteriores se desprende su reconocimiento de que –sin autorización del Pleno del Consejo de la Judicatura- ha comprometido y ejercido el gasto público sin ajustarse al marco jurídico aplicable al Consejo es decir, ha realizado procesos de adquisición, adjudicación, servicios, contrataciones y obras, sin observar los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad, austeridad, honradez y eficiencia”.
En el oficio de respuesta enviasdo por los consejeros le solicitan a la Presidena del tribuna una sola cosa: que convoque al Pleno del Consejo de la Judicatura a una sesión extraordinaria pública “con carácter de urgente”, en la que se incluya en la orden del día el caso que ellos plantean “para tomar los acuerdos plenarios a que haya lugar” .
Cuestionado respecto a este conflicto, el jurista Tomás Mundo Arriasa llamó la atención por un hecho que es punto medular en este conflicto:
“Si el magistrado Andrés Cruz Ibarra y los consejeros Carla Rodríguez González y Humberto Oliverio Hernández Reducindo, no presentan una denuncia por la presunta disposición que hizo -sin autorización- Sofía Martínez Huerta, magistrada presidenta de ese órgano colegiado de más de 60 millones de pesos y ante la existencia de 13 actas apócrifas, “serán copartícipes de esos hechos y, por lo tanto, presuntos responsables.
Y es que el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales advierte que “quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere” y que “quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes”.
Sin lugar a dudas, sin restar responsabilidad a los anteriores titulares, en la actualidad el Poder Judicial del Estado pasa por su peor momento, debido a la incapacidad y siberbia de quienes están al frente de ese organismo.
filivargas@gmail.com | 
