Dio a conocer que, de manera coincidente, el Órgano Interno de Control del Poder Judicial (cuando la magistrada Sofía Martínez Huerta estaba en la Presidencia) advirtió la ilegalidad y mandó a hacer una auditoría, de la que se pueden derivar hechos delictivos, e identificar que son varios los probables responsables, desde el administrador, hasta los miembros del Consejo de la Judicatura, funcionarios del Tribunal Superior de Justicia e, incluso, algunos diputados locales.
En el documento presentado a la Fiscalía General del estado (FGE) se hace mención de algunas de las irregularidades que le fueron detectadas a Rodríguez Losilla durante su gestión como Director de Administración.
Se menciona, por ejemplo, que el 22 de julio de 2017 celebró un convenio con Grupo Wall Arquitectura y Diseño, a pesar de que esa empresa no se encontraba inscrita en el Padrón de Proveedores del Poder Judicial, de que no presentó constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones estatales y tampoco la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales.
Todo ello, advierte la denuncia, con lo que transgredió mandamientos de la Constitución federal, de la Constitución de Veracruz, de la Ley de Obras Públicas, del Código Financiero y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
“Al momento en que el ingeniero Humberto Rodríguez Losilla aceptó se llevara a cabo la evaluación de las propuestas por un asesor cuya empresa está involucrada con el consorcio adjudicado, conlleva a que pudieron influir en los procedimientos de las cuatro licitaciones; razón por lo que estas debieron ser desechadas”, advierte el escrito.
La denuncia detalla las irregularidades ocasionadas por los entonces representantes del Poder Judicial quienes se desempeñaron en la Comisión de Licitación (Humberto Rodríguez Losilla, como Director de Administración; Jesús Obeso Martínez, como Subdirector de Recursos Materiales; Hugo Francisco Ver González, Jefe de Infraestructura y Supervisión de Obra, así como Mario Berlín Mendoza, Director de Asuntos Jurídicos.
También remarca la probable responsabilidad de quienes se desempeñaron en la Comisión de Aprovisionamiento (el Magistrado Pedro Luis Reyes Marín y Carla Rodríguez González), “por las omisiones en el cumplimiento de sus funciones”.
Cuestionado sobre los alcalnces de esta denuncia, el Doctor Tomás Mundo adelantó que durante la secuela y parte del litigio estratégico se pedirá la intervención de la Unidad de Interligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, para que revise las cuentas bancarias de los involucrados, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que verifique las rutas de los depósitos.
El engranaje de la justicia se empieza a mover, y muchos altos personajes de la política y el servicio público, pagarán con cárcel los abusos cometidos.
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