Era tema obligado.
Durante su conferencia de prensa realizada en Xalapa, el Presidente López Obrador fue cuestionado sobre el homicidio del periodista Jacinto Romero, y éste repitió, casi palabra por palabra, lo que en su momento expresó el gobernador Cuitláhuac García:
“No permitimos en ningún caso que estos hechos delictivos queden impunes”, dijo, y para reforzar esa afirmación se refirió al caso del doble crimen ocurrido en Cosoleacaque –de Gladys Merlín y su hija Karla Enríquez- caso que, por supuesto, nada tiene que ver con los ataques a periodistas:
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“Hoy me acaban de informar de cómo ya están presos todos los que participaron -creo que falta uno- en los crímenes que se cometieron en el sur de Veracruz, en Cosoleacaque, de dos mujeres, la mamá, la hija, que entraron a sus casas para robarles y las asesinaron de manera vil, cobarde, de manera brutal, sí, y ya están todos prácticamente en la cárcel. Esto fue este mismo año, como en febrero, sí, y ya están todos en la cárcel, falta uno”.
Sobre ese repetido –y desgastado- discurso del “combate a la impunidad” es importante aclarar que meter a la cárcel a presuntos responsables de un delito no significa que se combata la impunidad. Como bien lo corrigió el Presidente, no todos los que habrían estado involucrados en el crimen de la familia Merlín-Enríquez han sido detenidos pero, lo más importante, los que ya están en la cárcel no han agotado su proceso y, por lo tanto, más adelante podrían obtener su libertad.
Y no es que dude de la eficacia de los aparatos encargados de la procuración e impartición de justicia (Dios me libre), simplemente me baso en datos aportados por el jurista Tomás Mundo Arriasa quien señala que los niveles de impunidad en la entidad son del 98 por ciento, y que en materia de impartición de justicia esta entidad ocupa el último lugar.
Un ejemplo de que no se debe cantar victoria antes de tiempo.
El homicidio del diputado local Juan Carlos Molina, ocurrió en noviembre del 2019. En febrero del año siguiente, esto es, poco más de tres mess después de ocurrido el ataque, el gobernador de Veracruz aseguraba: “Ya tenemos avanzados varios casos así, pendientes de justicia, como es el caso del Diputado que falleció, que fue asesinado, tenemos avances sustanciales, lo revisamos, ya muy concretos”.
En septiembre del 2020 fue capturado en Guanajuato y trasladado con un aparatoso operativo (más de 50 agentes ministeriales, tanto de Guanajuato como de Veracruz) un sujeto identificado como Itiel Palacios García, a quien le atribuyen el mote de “Compa Playa” y que, según los fiscales encargados del caso Molina, fue plenamente identificado como el autor material del homicidio al diputado.
Una vez en territorio veracruzano se procedió a trasladar al detenido a un penal federal en Oaxaca.
El 20 de agosto del 2021, esto es, 11 meses y medio después de su detención, un juez de control determinó que no había elementos para vincular a proceso a Itiel Palacios por el delito de homicidio doloso calificado en contra Juan Carlos Molina Palacios.
En lo que parece ser una práctica recurrente, la Fiscalía de Veracruz no permitió que el detenido obtuviera su libertad (¿recuerdan el caso de Rogelio Franco?) y antes de que eso sucediera le inició un nuevo proceso, ahora por los homicidios de Eneas Pérez y Leonardo Hernández, alias “el Brujo”, presunto líder de un grupo de la delincuencia organizada en Playa Vicente, hechos ocurridos el 27 de abril del 2018.
Nada garantiza que en los próximos meses los sujetos que han sido detenidos por los homicidios de comunicadores en la entidad, exhiban las pifias en los procesos en su contra y obtengan su libertad.
Se combate la impunidad dando con los responsables y consiguiendo, mediante un proceso impecable, la sentencia definitiva. Eso, en Veracruz, aún no sucede en ninguno de los casos que le han tocado a la actual administración estatal.
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